Ayuntamiento y Junta no comparten los mismos criterios en algunas cuestiones del plan y, sobre todo, en la fundamental, la superficie construida que sobra en el caso de las naves edificadas sin licencia en la antigua Colecor, aunque la sentencia del TSJA no entrara directamente en ella. Eso es lo que ha provocado que hayan estudiado hasta el último momento la posibilidad de dejar el expediente para otro consejo rector y negociado la intensidad de los usos previstos. Según distintas fuentes consultadas, la horquilla barajada está entre tirar el 25% y el 50%. Esa disparidad es la que hace que las administraciones implicadas prefieran aguardar a ver cómo avanza el plan.
En el caso del Ayuntamiento, Tejada insiste en que el proyecto de actuación es el que dirá lo que debe demolerse. En el caso de la Junta, el delegado provincial de Vivienda, Francisco García, confía en que "el documento se mejore de aquí a que se apruebe definitivamente". García, que, según asegura, desconoce el contenido del plan tal y como se aprobó ayer, reconoce que ha habido distintas reuniones y se han unificado criterios, pero no el de los metros cuadrados de naves que hay que respetar y los que hay que demoler. Ahora, prefiere esperar a que los técnicos estudien el documento. No obstante, se muestra partidario de ir más allá del 25%.
