La Junta de Andalucía, a través de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato (Adima), ha atendido a 23 menores que estaban bajo la sospecha de estar sufriendo abusos sexuales. El programa pretende ayudar a superar las secuelas y los trastornos psicológicos derivados de la situación adversa vivida, así como evitar a los más pequeños "las repetidas tomas de declaraciones durante el proceso judicial y su revictimización". Así lo explicó ayer la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Silvia Cañero, quien presentó el Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Abuso Sexual, dividido en dos fases, que llegó a Córdoba a finales del 2008 .
La primera se centra en verificar o descartar si ha habido un abuso sexual a través de una evaluación psicológica del menor y de sus familiares, fase en la que se encuentran actualmente 15 menores cordobeses, mientras que la segunda consiste en un tratamiento psicosocial del menor una vez que se ha confirmado que ha sufrido abusos. Según Cañero, ahora hay ocho menores que reciben este protocolo de actuación, seis inmersos en el proceso judicial y dos que acabarán esta semana.
La vicepresidenta de Adima, Teresa Torres, destacó "la prueba preconstituida" que emplea el equipo de siete profesionales en la nueva sede cordobesa (en la que la Junta ha invertido 74.480 euros), ya que las entrevistas que realizan los psicólogos se graban en vídeo y tienen valor judicial, lo que evita que el menor tenga que volver a prestar declaración en un juicio rememorando "una y otra vez" el abuso sufrido.
