Indignada. Así se encontraba ayer la delegada de Educación en Córdoba, Antonia Reyes, tras conocer por prensa las denuncias realizadas por la Plataforma de padres objetores a Educación para la Ciudadanía Córdoba educa en libertad. Respecto a que al menos cinco o seis alumnos se encuentran acosados por directores, profesores, tutores y jefes de estudio por no asistir a clase de esta asignatura al declararse objetores, dijo que "no podemos hacer otra cosa que negarlo".
Reyes aseguró que no tiene constancia de que se estén produciendo estas situaciones de amenazas, coacciones y mofa a los niños de centros públicos de Córdoba que no entran a clase de Educación para la Ciudadanía, tal y como advirtió el colectivo que rechaza la polémica asignatura. Es más, matizó que "no podemos consentir que se haga una acusación tan grave a nuestros docentes". A su vez, puntualizó que "no se puede admitir que alguien tenga en su cabeza que se puede hacer un trato así con un alumno porque haya decidido objetar".
También Reyes quiso dejar claro que ni la Consejería de Educación ni la Delegación (que "no dispone" de las cifras de las objeciones en Córdoba) han ofrecido instrucciones "de ningún tipo" a los centros sobre los alumnos que han objetado. Según Antonia Reyes, todos los niños "están protegidos y atendidos por el personal". A criterio del centro, el alumno permanece en su clase, en un aula o en la biblioteca. A su juicio, el protocolo está establecido y se considera que cuando un niño no asiste a clase suspende la asignatura. "Esta es la única instrucción" cuando no hay sentencias de medidas cautelares, según aclaró. Por contra, si existe medidas cautelares, tras el pronunciamiento de un juez, entonces se considera la materia como "no evaluable".
A su vez, la delegada considera que "lo deseable" sería que el Tribunal Supremo se pronunciara en este asunto para clarificar las actuaciones, ya que, de momento, las sentencias que surgen son contradictorias.
