La presidenta de la parcelación Córdoba La Vieja, María Teresa Polo, aseguró ayer que "no hemos invadido Medina Azahara, sino que Medina Azahara nos invadió a nosotros", aunque en declaraciones posteriores matizó "Cultura nos invadió a nosotros". Polo aludía a que la Consejería de Cultura amplió los límites de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) cuando ya existían las viviendas, y destacó que "ni hay impacto visual ni hay restos arqueológicos en nuestros terrenos", por lo que pidió que se retranquee el límite.

Una veintena de parcelistas entregaron ayer en la Delegación de Cultura una encuesta realizada por ellos mismos entre visitantes del conjunto arqueológico. De las 600 personas que, según los parcelistas, han respondido a su cuestionario, solo 14 han afirmado que las viviendas les han supuesto un impacto visual negativo, mientras 562 lo niegan. María Teresa Polo pide a la delegada de Cultura, Mercedes Mudarra, que tenga en cuenta estos resultados y busque una solución para la urbanización antes de las elecciones,"porque no somos moneda de cambio de ningún partido, sino personas que viven en casas tan ilegales como el resto de las parcelaciones de Córdoba, que han sido autorizadas".

Polo afirmó que "tenemos luz, agua y alcantarillado y esos servicios los pagamos, si en su momento era legal ¿por qué ahora no?", al tiempo que anunció medidas más contundentes si Cultura no accede a recibirles para negociar la reducción del BIC.

Por otra parte, Antonio Ramos, portavoz de los parcelistas, anunció que el 9 de abril "la delegada de Cultura está citada en los juzgados en un acto de conciliación porque los vecinos de Córdoba La Vieja le presentamos una demanda por calumnias por las injurias y mentiras que contó al Diario CORDOBA sobre las personas que estuvimos aquí el 5 de octubre". Mudarra afirmó entonces que los parcelistas accedieron a la delegación "con la intención de agredirme", que atacaron a dos funcionarios y "profirieron amenazas contra mí". Ramos negó que hubiera agresiones ni amenazas, "nada en absoluto", y reclamó a la delegada un desmentido público y 6.000 euros de indemnización.