Junta y Gobierno refuerzan la protección frente a la ludopatía

La Junta de Andalucía y el Gobierno central sumarán esfuerzos para reforzar las medidas de protección y prevención frente a la adicción al juego. Con ese objetivo, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que tiene asumidas las competencias en materia de Juego, y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están ultimando la firma de un convenio que permitirá intercambiar información entre los registros estatal y autonómico de interdicciones de acceso al juego, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y protección frente a la ludopatía.

La inscripción en un registro de prohibidos impide el acceso del inscrito a aquellos establecimientos respecto de los que la administración pública correspondiente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador. En estos registros aparecen inscritos quienes lo solicitan de forma voluntaria, los instados a petición del establecimiento o bien las personas incapacitadas mediante sentencia judicial firme.

El objetivo de este convenio, que firmarán la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es establecer un mecanismo de colaboración entre los correspondientes registros de interdicciones de acceso al juego -también conocidos como registros de autoprohibidos- de ámbito estatal y de Andalucía. De esta forma se dispondrá de instrumentos suficientes y eficaces para imposibilitar la participación en juegos on line o impedir el acceso a los establecimientos de juego ubicados fuera de Andalucía que dispongan de un control de acceso que requiera la identificación de los participantes a las personas que figuran en el registro andaluz. Y también funcionará en la dirección inversa: las personas que figuren en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (Rgiaj) estatal no podrán acceder a los establecimientos de este tipo que existen en Andalucía.

El convenio, que se suscribirá por un periodo inicial prorrogable de cuatro años, es consecuencia del acuerdo del Consejo de Políticas del Juego, órgano de cooperación, participación y coordinación de la administración central y las comunidades autónomas en materia de juego, del 14 de julio de 2021 para potenciar una cooperación más estrecha entre los registros de interdicciones estatal y autonómicos, basada en la «interconexión de los registros de prohibidos de todos los actores públicos implicados en la regulación y supervisión de las actividades de juego y en la protección de los colectivos vulnerables».