Nadie quiere usar la palabra ultimátum, pero todo suena a ultimátum. España ha presentado un texto de Tratado para Gibraltar a Reino Unido tras el Brexit, tras más de un año y diez rondas de negociaciones que se han estancado. «Ahora le toca a Reino Unido decirnos si está dispuesto a llegar ya a un acuerdo», dijo ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tras reunirse en Madrid con los alcaldes de la zona de Campo de Gibraltar. «Llevamos ya mucho tiempo negociando», dijo el jefe de la diplomacia española. «No podemos estar así eternamente». Madrid y Londres llegaron a un acuerdo marco en la nochevieja de 2020 para crear una «zona de prosperidad compartida» entre Gibraltar y Campo de Gibraltar. El acto más simbólico es el de derribar la verja, que separa ambos lados y que dificulta enormemente la vida de las aproximadamente 15.000 personas que la cruzan a diario para trabajar en la zona del Peñón.
«Parece ser que el acuerdo que se presenta va a ser la última versión, y de ahí no se puede salir», dijo Juan Franco, alcalde de la Línea de la Concepción, que estuvo presente en la reunión con el ministro, que solicitaron los alcaldes de la zona hace tres semanas. «Hay un documento puesto encima de la mesa de Reino Unido por España, y es Londres el que debe decidir si lo acepta o no», añadió Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de Municipios de Campo de Gibraltar.
El ministro y fuentes de la negociación contactadas por este diario aseguran que la oferta es «muy generosa», pero que Reino Unido no avanza en los escollos principales: cómo gestionar las capacidades militares de Reino Unido que hay en Gibraltar y que pasarían a ser una base extranjera en pleno territorio Schengen; cómo controlar las fronteras, algo que ahora habría que hacer en puerto y el aeropuerto gibraltareños. Allí debería haber policía y Guardia Civil de España, «con sus banderas en el uniforme y todo», en palabras de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. Esto es algo tabú para los gibraltareños, que lo consideran sensible por cuestiones de soberanía.
Hay otros asuntos literalmente más sucios, como se han encargado en destacar los alcaldes de la zona: las aguas residuales, que el Gobierno de Gibraltar arroja al mar sin tratar. «A pesar de tener una de las rentas más altas del mundo, no quieren gastar dinero en eso», dijo Lozano.
Favorecer la movilidad
El Gobierno y la Comisión Europea han remitido al Reino Unido una propuesta para que el Campo de Gibraltar se transforme en una «zona de prosperidad compartida» que incluya la eliminación de la verja de Gibraltar de modo que se favorezca la movilidad de personas y mercancías entre la colonia y la UE. Es un compendio de todos los asuntos que se han ido tratando por separado. En unos días habrá una décima ronda negociadora entre Londres y Bruselas, donde Reino Unido debe decidir si acepta el plan presentado, que incluye propuestas españolas pero también británicas, «hasta donde el derecho comunitario» permite llegar, explican fuentes diplomáticas. Insisten estas fuentes en que no puede Gibraltar querer estar a la vez dentro y fuera de la Unión Europea, ni tener un «Schengen o unos impuestos a la carta».
Albares no rompe del todo la baraja, y recuerda que el acuerdo está muy avanzado y la predisposición de Reino Unido es muy positiva. Pero, al mismo tiempo, considera que en el texto presentado está todo lo que España puede dar. Los alcaldes de la zona miran con escepticismo el optimismo que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores. Apoyan el plan que el ministro Albares les ha esbozado, aunque lamentan no tener el documento escrito ni siquiera un dossier con los principales acuerdos. Confiesan que la propuesta está «bastante bien» pero dudan mucho de la parte británica vaya a aceptarlo. Ellos, que llevan años asistiendo a negociaciones irresolutas, advierten de que esa propuesta «contiene líneas rojas con las que ya sabemos que ni Reino Unido ni Gibraltar van a transigir». «Ojalá», aseguran asistentes a la reunión con incredulidad.
Medidas reales
Por eso, desde el lado municipal lo que quieren son medidas reales en marcha al margen de esa negociación. «No podemos seguir esperando», aseguraron. El alcalde de Algeciras, José María Landaluce (PP), subrayó que «no hay respuestas» al Gobierno español en la parte británica y considera que hay «demasiado optimismo» en el Ministerio. «Mientras que sí y mientras que no, lo que queremos es que de una vez se ejecute el plan de medidas extraordinarias aprobado para el Campo de Gibraltar», reclamó.
Se refiere a las medidas aprobadas en noviembre de 2018 por el Gobierno de la nación. Un plan para «impulsar la economía de la zona, reducir el desempleo, luchar contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la inmigración ilegal». Un conjunto de medidas dotadas, según Moncloa, con 6.330 millones de euros.
El Gobierno cifra en un 75% el cumplimiento de este plan. Los alcaldes discrepan. El de Algeciras asegura que únicamente se han impulsado las medidas ligadas a la seguridad, al Ministerio de Interior, pero que no hay planes de empleo ni medidas de cobertura social para los campogibraltareños.
«Ese dato directamente es falso», señaló. Es el que el ministro Albares le ha vuelto a poner en este encuentro sobre la mesa y que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió el pasado febrero en el Congreso. Suman las inversiones previstas en infraestructuras (841 millones de euros) con la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, con lustros de retraso, como proyecto estrella.
