TRIBUNALES
El caso Astapa irá a juicio 16 años después de su comienzo
El procedimiento investiga la corrupción urbanística en Estepona con 50 acusados, entre ellos el exalcalde Antonio Barrientos

El exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, en una imagen de archivo. / Jorge Guerrero
Efe
El caso Astapa contra la corrupción política-urbanística en Estepona (Málaga) se juzgará el próximo enero en la Audiencia Provincial de Málaga, dieciséis años después de que se abriera el procedimiento. El 9 de enero está previsto que comience el juicio con las cuestiones previas y se han fijado seis días de vista, para que las partes pueda alegar y presentar sus argumentos que tengan cabida en este apartado, según una providencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga.
Después el Tribunal resolverá sobre las mismas y el juicio continuará el 7 de marzo los lunes, martes y miércoles. El juicio se dividirá en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, formula que ayudó a agilizar este macroproceso en el que debido al numero elevado de acusados y partes personadas en el procedimiento complica el desarrollo de la vista oral.
Otra semejanza con el caso Malaya, que fue seguido en toda España no solo por la relevancia económica y social sino por la complejidad para su celebración, es que las sesiones se celebrarán solo de lunes a miércoles, para que los letrados puedan seguir atendiendo sus despachos.
El primero de los bloques que se enjuiciará en el caso Astapa será sobre convenios urbanísticos de planeamiento y habrá que esperar hasta el apartado octavo para que se trate la supuesta financiación de partidos políticos.
El fiscal presentó su escrito de acusación el 27 de junio de 2018 y solicita diez años y nueve meses de prisión y treinta y ocho años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos. El exregidor está acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según el escrito provisional, que acusa a 50 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales y se pide el sobreseimiento de 39. Barrientos siempre ha defendido que actuó dentro de la legalidad y mantiene que nunca se ha enriquecido o ha obtenido beneficio.
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