El juez ha procesado a 35 personas, entre ellos tres exaltos cargos de la Junta de Andalucía, y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada por las presuntas sobrecomisiones de 66 millones que se pagaron en las pólizas de prejubilaciones del caso ERE financiadas por la Junta.
En el auto, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita.
Entre las 35 personas contra las que el juez dirige el auto como presuntas responsables penales se encuentran tres exaltos cargos de la Junta, en concreto el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y contra dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L-.
En el auto, además, acuerda continuar dicho procedimiento en calidad de responsables civiles subsidiarios contra un grupo de entidades, entre las que se encuentran UGT, UGT-A, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), CCOO, CCOO-A y CCOO de Industria.
El magistrado considera que el exconsejero de Empleo y Javier Guerrero -ya fallecido- y Juan Márquez, junto a varios responsables del grupo Vitalia y otros investigados, «de común acuerdo y con ánimo de lucro, aprovechando la ausencia de control alguno de los fondos públicos destinados a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, habrían diseñado y ejecutado un sistema que habría permitido crear un fondo de caudales públicos constituido por el exceso indebido de las comisiones de las pólizas asociadas a estas ayudas, abonado por la Junta -con cargo a varios programas presupuestarios de la Consejería de Empleo y a otros de la Consejería de Innovación».
