El Sindicato Profesional de Justicia Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), mediante un escrito, exige a la Justicia andaluza la devolución de "las detracciones salariales sufridas en 2013 y 2014, un recorte que supuso el 5% de nuestras retribuciones periódicas brutas anuales y que, en la práctica, viene a cuantificarse aproximadamente en el importe de dos pagas extras, esto es, una cantidad media de unos 100 euros mensuales a lo largo de sendas anualidades", asegura.
En este sentido, el sindicato cree que, tanto el acuerdo de julio de 2018 celebrado en el marco de la Mesa General del Empleado Público de Andalucía (suscrito por CSIF, UGT y CCOO), como el de noviembre de 2018, celebrado en el marco de la Mesa Sectorial de Justicia de Andalucía (suscrito por CSIF, STAJ, UGT y CCOO) "vinieron a emparedar la alternativa que SPJ-USO venía exigiendo a la Administración desde el primer momento: la elaboración de un calendario de pago que concretara en el tiempo los plazos concretos para ejecutar la devolución de estas cantidades".
De hecho, en ambos acuerdos las partes firmantes “reconocen la necesidad de continuar trabajando en la recuperación del poder adquisitivo perdido (…) en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera”. SPJ asegura que "estas expresiones tres años después de la firma de los acuerdos han devenido en palabras huecas, más propias de un lenguaje político etéreo e insustancial que de una voluntad real; una declaración que viene a ser, en definitiva, un cheque firmado en blanco por los referidos sindicatos para que la Administración proceda al pago de las referidas cantidades cuando lo estime oportuno: un brindis al sol de buenas intenciones pero que para nada se traduce en un compromiso concreto y, mucho menos, en un calendario de pago".
El sindicato califica este recorte como "uno de los más abusivos" de su historia, y que "solo fue llevado a cabo por la administración andaluza y la catalana, si bien el personal de Justicia de Cataluña ya recuperó en 2019 el 40% de las cantidades detraídas en 2013 y, en julio de 2020, el 60% restante, constando bajo firma que las detracciones correspondientes a 2014 les serán abonadas en 2021 (55%) y 2022 (45%). Sin embargo, la Administración andaluza muestra al respecto un ofensivo silencio amparado bajo la firma de tan nefastos acuerdos".
SPJ-USO ha solicitado la devolución de las cantidades y pide a la ciudadanía su apoyo mediante una recogida de firmas, la cual tiene como objetivo "presionar y contar con un mayor respaldo por parte de nuestro colectivo frente a la Administración", concluye
