La Junta prevé empezar a pagar a finales de julio o principios de agosto los 1.109 millones de las ayudas del Gobierno para sectores afectados por la pandemia asignadas a Andalucía y ha diseñado un procedimiento para simplificar y agilizar la gestión que el Gobierno «ha descargado en las comunidades autónomas» con el «gran reto de pagarlo en seis meses».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, informó que el Gobierno ha diseñado estas ayudas de 7.000 millones para toda España «de espaldas a las comunidades y con el grave riesgo de absorción de estos fondos e inseguridad jurídica».
Explicó que el Ejecutivo central establece en su decreto un plazo de seis meses para abonar las ayudas y, si no, hay que devolverlas», y ha advertido de que la gestión es muy complicada porque hay que controlar «millones de facturas y justificantes» y hay «riesgo de bloqueo en los órganos rectores» que se encargarán de esta tarea. A pesar del «reto» de gestionar ese dinero en tan poco tiempo -las resoluciones deben estar realizadas antes del 31 de diciembre, pero el pago se puede hacer al inicio de 2022-, la consejera avanzó que intentarán que se reparta todo lo que corresponde a Andalucía, aunque ha avisado de que el «encorsetamiento de los requisitos para acceder a las ayudas puede dar lugar a que no haya muchas solicitudes porque la mayoría del tejido productivo son pymes y micropymes, que contarían con una tarifa plana de 3.000 euros».
Además, criticó que los requisitos «podrían incitar a las empresas a no pagar deudas para recibir las ayudas», ya que se prima a las que tenga deudas con los proveedores. Ha asegurado que no es un problema «político sino técnico», que lo tienen la mayoría de las comunidades autónomas y, de hecho, señaló que la comunidad valenciana han estado en la misma sintonía para «mejorar la norma» con un escrito dirigido a los ministerios competentes del decreto ley.
Para hacer frente a ello, la Consejería de Empleo ha diseñado un procedimiento lo «más ágil posible» en las fases de solicitudes y un «procesamiento inteligente de los documentos» para agilizar el cruce de las facturas y los justificantes de pago que tienen que presentar las empresas y autónomos, con el que prevé la validación automática del setenta por ciento de los documentos.
La tramitación de las ayudas contará con una fase previa de «preevaluación», por la que se comprobará «con carácter preceptivo» si las empresas y autónomos que quieren solicitar estas subvenciones cumplen con los requisitos exigidos, y posteriormente, podrán formular la solicitud del procedimiento de concesión de la subvención a la Junta.
Apoyo a feriantes y pymes turísticas
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes ayudas directas de 2.400 euros para autónomos del sector de los feriantes con un presupuesto total de 13 millones con el que se prevé beneficiar a más de 5.400 trabajadores por cuenta propia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, explicó que esta ayuda a los feriantes, un sector muy golpeado por la crisis derivada de la pandemia al suspenderse las ferias, responde al acuerdo del gobierno andaluz con Vox, partido que promovió esta iniciativa.
La ayuda podrán solicitarla todos los trabajadores autónomos vinculados al sector de los feriantes que hayan estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante un mínimo de 150 días durante el año 2019, anterior a la pandemia, y no hayan estado dados de alta más de 150 días desde que se declaró el estado de alarma en 2020.
Igualmente, se aprobó una generación de crédito de 72,8 millones de euros de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a la de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para el abono de las ayudas directas destinadas a establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y campamentos de turismo y complejos turísticos rurales. La convocatoria para su solicitud se inició el pasado 7 de mayo y finalizará el 7 de junio.
Según explicó el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, el objetivo es financiar el capital circulante o de explotación de las pymes, con la finalidad de contribuir a mantener estos sectores afectados por el impacto económico que ha generado la pandemia.
