La Junta adelanta 51,7 millones del Fondo Social para combatir el covid-19 en sectores vulnerables

A pesar de que el Gobierno central se ha comprometido a transferir los créditos antes del 30 de abril, con esta medida del Gobierno andaluz, ayuntamientos, diputaciones, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) y la propia Consejería de Igualdad podrán financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas de la pandemia coronavirus desde este momento.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha señalado que de los 97 millones que el Gobierno central ha dicho que corresponden a Andalucía dentro del plan de contingencia, a día de hoy, no se ha "recibido ni un céntimo", de manera que la Junta ha decidido adelantar con recursos propios parte de ese dinero que se ha comprometido para esta comunidad y que se espera que llegue "cuanto antes" desde el Estado.

Bendodo ha señalado que hay cuestiones que se tienen que abordar ya que, en este sentido, la Junta no puede esperar a que el Gobierno central pague las cantidades comprometidas, de manera que la administración autonómica se tiene que "anticipar" con recursos propios. Bendodo ha señalado que, sin duda, este es uno de los muchos asuntos que se tienen que tratar en una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya le ha solicitado a la ministra del ramo, María Jesús Montero, a través de una carta.

La decisión que ha adoptado hoy la Junta sobre el adelantamiento de fondos ha sido posible gracias a la puesta en funcionamiento, por parte de la Junta de Andalucía, de una Comisión de Emergencia Social que se creó mediante el Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus en la comunidad. Esta comisión ha permitido articular un procedimiento de respuesta rápida a las situaciones de desprotección y vulnerabilidad que la situación actual provoca en determinados colectivos sociales.

La distribución del crédito que ha realizado la Consejería de Igualdad incluye un total de 29.054.998,59 euros para las corporaciones locales, 22.107.770 euros para la propia Consejería y 2.556.729,40 euros para la Assda..

De la cuantía destinada a las corporaciones locales, la provincia de Almería recibirá 2.476.147,76 euros; Cádiz percibirá 4.282.200,37 euros; para Córdoba se destinarán 2.703.591,86 euros; Granada, 3.158.342,68 euros; Huelva, 1.801.994,03 euros; Jaén, 2.187.668,47; Málaga, 5.738.070,12; y Sevilla, 6.706.983,3 euros. Está previsto que se pueda atender a aproximadamente un millón de personas en toda la comunidad autónoma.

Estas cantidades se destinarán, según los criterios establecidos en el Fondo Social, a hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, atender los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene y otros similares que se hayan podido ver suspendidos en los centros de día, compra de equipos de protección individual y refuerzo de los servicios de respiro.

Igualmente, se destinarán a reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, población en la que se dificulta la obligatoriedad del confinamiento decretado por el estado de alarma; a reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales y a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.

Renta mínima de inserción social

Con respecto al crédito que corresponde a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, cinco millones de euros servirán para ampliar los supuestos recogidos en relación con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Mediante una nueva adaptación de la norma existente, se establecerá un procedimiento extraordinario de concesión de solicitudes para unidades familiares con menores a cargo.

Por otra parte, un total de 4.602.800 euros se destinará a hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario y compra de equipos de protección con la finalidad de atender las situaciones de emergencia social que se presenten ante la Comisión de Emergencia Social ya constituida; el servicio de comida a domicilio a las personas usuarias de Centros de Participación Activa que, siendo titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en su modalidad oro (personas de extrema vulnerabilidad), han dejado de beneficiarse y tener el servicio por el cierre necesario de los propios centros; y para la compra de equipos de protección individual para centros de gestión directa.

Además, más de 8,1 millones de euros (8.189.200 euros) serán para reforzar las plantillas de centros residenciales de personas mayores, centros de personas con discapacidad y centros de protección de menores de titularidad de la Junta de Andalucía. También, más de 1,5 millones (1.535.370 euros) irán a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, que irá al incremento de la partida dirigida a las corporaciones locales para atender las Ayudas Económicas Familiares.

A su vez, un total de 2.280.400 euros servirán para financiar otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, que se resolverán a través de la Comisión de Emergencia Social, así como para coordinar las actuaciones en materia de voluntariado que se deriven de las ocho comisiones provinciales de emergencia social.

Por último, la Assda destinará 40.000 euros para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, mediante la puesta en marcha de un sistema de seguimiento a las personas usuarias de centros de día que han visto suspendida su actividad. Con ello se garantizará que están debidamente atendidas y que la situación de cierre del centro no ha generado en ellas una situación de desprotección o vulnerabilidad.

Asimismo, se diseñará una herramienta informática con el objetivo de detectar aquellas personas mayores que se encuentran sin ningún tipo de soporte social o familiar, que permita atender sus necesidades en relación con la recogida de fármacos. Esto permitirá, mediante un sistema de verificación, identificar aquellas personas que están recogiendo con retraso sus prescripciones de medicamentos, comprobando su situación social y sanitaria.

Además, dedicará un total de 956.729,40 euros para incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria, de manera que permita aumentar el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.

También dedicará 1.560.000 euros a financiar otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, residentes en comunidades terapéuticas, así como para la cofinanciación del sobrecoste asumido por la ASSDA en la financiación del coste del servicio de los centros de día, garantizado a las entidades prestadoras que han visto suspendida su actividad.