Veintidós personas que han tenido responsabilidades en la Junta en las últimas tres décadas se enfrentarán desde hoy al banquillo en la denominada «pieza política» de los ERE acusados de delitos cuyas penas van entre los dos y los 10 años de prisión. La Audiencia de Sevilla juzga si, con distinto grado de participación según sus años en el Gobierno y competencias, crearon o mantuvieron un sistema «particularísimo» para el reparto «arbitrario» sin convocatoria pública y eludiendo el «control» y fiscalización previa de ayudas públicas sociolaborales para empresas en crisis que entre 2001 y 2011 sumaron 855 millones de euros, parte de los cuales acabó en manos de «entidades y personas que no reunían los criterios» y «en cuantía improcedente».
Es así como describe el juez que remató la instrucción, Álvaro Martín -tras cinco años en los que el caso pasó por la jueza Mercedes Alaya, quien lo abrió, y su sucesora María Núñez, quien lo dividió en piezas-, el «procedimiento específico» del que se dotó el Gobierno andaluz para dar esas ayudas en «un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la Administración».
Para ello, en 2001, el consejero de Empleo, entonces José Antonio Viera, y el director de la agencia pública IFA (luego IDEA), entonces el viceconsejero y director del mismo Antonio Fernández, suscribieron un convenio por el que el ente público, dependiente de la consejería de Innovación, se convertía en organismo pagador de las ayudas con dinero de la Junta mediante transferencias de financiación que eran aprobadas por el Consejo de Gobierno y en las leyes de presupuestos anuales.
Por ello, los 22 acusados de delitos de prevaricación, asociación ilícita y, salvo 7 de ellos, malversación, son excargos de Empleo (Viera, Fernández, Agustín Barberá, Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez -que también fue de Innovación e IFA-, Javier Aguado y Lourdes Medina), Innovación (Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez), IFA (Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano) y Hacienda (José Antonio Griñán -luego presidente-, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, José Salgueiro, Antonio Estepa y Antonio Lozano).
Completan la lista los máximos responsables del Consejo de Gobierno cuando se decidió implantar este sistema de ayudas (el presidente Chaves y el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías) y los responsables de la Intervención (Manuel Gómez) y los servicios jurídicos de la Junta (Francisco del Río) que no advirtieron de la presunta ilegalidad del sistema ni lo frenaron.
El delito de prevaricación, por el que la Fiscalía y las acusaciones del PP y Manos Limpias piden 10 años de inhabilitación para los 22 acusados, obedece a que según el instructor, todos ellos «mediante un concierto expreso o tácito dictaron una pluralidad de resoluciones contrarios a derecho del modo más grosero».
La malversación de caudales públicos, que las acusaciones imputan a 15 acusados para los que piden 6 u 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación, obedece a que el sistema se mantuvo pese a que desde 2003 la Intervención de la Junta y varios informes de auditorías alertaban de «deficiencias e irregularidades».
