El Gobierno andaluz ha urgido al Ejecutivo de la nación a que pida el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto ley que regula la jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos y, a partir de ello, a «seguir negociando» para buscar una solución a este «desaguisado».

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha hecho esta reclamación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el lunes cautelarmente el decreto ley que regula la jornada de trabajo de 35 horas de los empleados públicos, tras admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno.

El Ejecutivo andaluz ha mostrado su «consternación» por esta decisión, que ha achacado al «empecinamiento» del Gobierno central, y ha asegurado que se trata de un «desaguisado», por lo que ha pedido que se pongan «soluciones sobre la mesa». Además, ha reclamado al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que también «alce la voz y actúe» para evitar este «atropello».

Tras advertir de que no se puede «retroceder» en los derechos de los trabajadores, ha afeado al Gobierno central que actué con «esa especie de fatalismo» al pensar que no se puede «arreglar el problema».

En este sentido, ha desvelado que que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, telefoneó ayer a su homólogo del Gobierno de la nación, Cristóbal Montoro, quien se mostró dispuesto a «dialogar», por lo que ha pedido que pasen «de las palabras a los hechos y se negocie de verdad, aportando soluciones».

Ha lamentado el «empecinamiento» del Gobierno al interponer el recurso y «tres días después» anunciar que su pretensión es aplicar la jornada laboral de 35 horas a partir del próximo año. «Seguimos sin entender que se recurra una norma en el último minuto», ha confesado en referencia al hecho de que el Ejecutivo central haya apurado el plazo para la presentación del recurso.

Preguntado si la suspensión cautelar del decreto ley puede tener consecuencias en las contrataciones previstas en Sanidad y Educación, ha señalado que se está en un «proceso de negociación» y, antes de evaluar el impacto, la Junta pretende que el Gobierno «concrete» su «apelación al diálogo». «Esperemos que se impida un verdadero desaguisado», ha confiado.