Federico Fresneda, extesorero de UGT en Andalucía, declaró al juez que los ex secretarios regionales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla conocían el llamado rapel o descuento que los suministradores hacían al sindicato y que no se reflejaba en las facturas que presentaban a la Junta. Según el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso la agencia Efe una vez levantado el secreto del sumario, Fresneda declaró al juez de instrucción 9 de Sevilla que quien decidía las empresas que debían pagar ese rapel era la comisión ejecutiva, cuyos 15 integrantes conocían su existencia y también la aplicación informática llamada Spyro, con la que se gestionaba el bote obtenido.
El rapel, dijo Fresneda en su declaración del 26 de junio, solía ser del 4% y no del 20% como afirmaron al juez que investiga las facturas falsas los representantes de las empresas Chavsa y Caronte o del 13% en que lo fijó el contable de la empresa madrileña Siosa.
En el atestado en que se basó la imputación, la Guardia Civil sostiene que el sindicato había ideado un "artificio" con el cual las subvenciones de la Junta destinadas a formación eran desviadas a "actividades regulares de UGT como organización sindical", ya que el descuento obtenido "no se comunicaba" a la Administración. "Era un sistema para ingresar fondos por gastos realmente no realizados", mantiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además, la UCO da cuenta de un "mecanismo para burlar la ley de subvenciones" pues "por adquisiciones de más de 15.000 euros, siempre se acudía a un mismo proveedor para que éste buscase y presentase presupuestos de mayor cuantía para, de este modo, justificar que se acudiese siempre a determinados proveedores".
Según Fresneda, fue Manuel Pastrana (secretario general entre 1998 y 2013) quien decidió crear la central de compras para canalizar los pedidos de UGT y obtener mejores presupuestos. Fresneda reconoció que "al aplicar la subvención correspondiente en la factura no se hacía el descuento del rapel" porque "en su momento se hizo la consulta oportuna y era un tema complicado que no se llegó a solucionar", ya que "cuando UGT recibía el rapel del proveedor correspondiente ya se había justificado la factura oportuna ante la subvención que correspondiera". El rapel, explicó Fresneda, se cobraba anualmente y se prorrateaba entre las federaciones que habían hecho el pedido.
GESTION DE LOS BOTES La imputada María Charpín, exsecretaria de gestión económica de UGT-A, declaró que quien negociaba el rapel era Fresneda, aunque "las decisiones de cierta relevancia se tomaban en la ejecutiva regional" y "entiende que el visto bueno general al programa Spyro, que incluía esa gestión de botes, fue aprobada en la ejecutiva". Charpín declaró que "no es consciente de que generase alarma en el sindicato la cantidad de bote existente ni que con algún proveedor pudiera llegar a 350.000 euros". También desmintió que UGT pidiese a sus proveedores cambios en la facturas por servicios no prestados. Sin embargo, algunos empresarios aseguraron que modificaban los conceptos de las facturas y cuantía a petición de UGT.
