El último informe elevado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la juez Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo a la partida presupuestaria 31L, señala que María Angeles Gala, responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre los años 2000 y 2009, gozaba de "un conocimiento exhaustivo del procedimiento" investigado "a sabiendas de su ilicitud".
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos al contemplar ayudas directas a empresas sin la preceptiva fiscalización. EL ACUERDO DE 2001
Porque mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L en concepto de ayudas directas a empresas o ayudas socio laborales para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Esta fórmula, según la investigación, sería supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y habría servido para canalizar los fondos públicos de manera presuntamente arbitraria.
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo. EL ERE DE 'AGLOMERADOS MORELL'
Pues bien, en uno de los últimos informes elaborados al respecto por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, compuesto por 12 anexos, los investigadores profundizan en el expediente de regulación de empleo promovido en 2006 por la empresa 'Aglomerados Morell S.A.', en el marco del traslado de sus instalaciones a Villanueva del Río y Minas. Este expediente de regulación de empleo se tradujo en 24 prejubilaciones, entre cuyos beneficiarios figuraban dos personas ajenas a la propia plantilla de Aglomerados Morell S.A., una de ellas era el presidente honorífico de la empresa y padre del propio administrador de esta sociedad, mientras el restante 'intruso' es José Luis Llorente Herrero.
Este segundo 'intruso', Llorente Herrero, compareció el 12 de febrero ante los investigadores de la Guardia Civil en calidad de imputado, según refleja el mencionado informe. Este documento, recogido por Europa Press, pone de relieve que durante su comparecencia, Llorente Herrero reconoció que "nunca" trabajó para 'Aglomerados Morell S.A.', porque dedicó "más de 30 años de su vida" al sector de la música hasta quedar en paro en 2005. EL PAPEL DE LA SECRETARIA
Entonces, y siempre según el relato que contiene este informe merced a la declaración de Llorente Herrero, este hombre entró en contacto con María Angeles Gala, responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre los años 2000 y 2009. "A través de una amiga de su mujer cuya hermana trabaja en la Junta", habría llegado hasta Gala y ella "le facilitó una entrevista con Francisco Javier Guerrero" primero y, después, con el sindicalista jiennense Juan Lanzas, toda vez que este último sería "la persona que podía ayudarle", según recoge el informe en virtud del testimonio de este 'intruso'.
Llorente Herrero, según el mencionado informe, se habría reunido con Juan Lanzas e incluso celebró un encuentro con un directivo de 'Aglomerados Morell S.A.', contactando luego con los miembros de la consultora Vitalia Vida Jesús Bordallo y Antonio Albarracín a través de María Angeles Gala. Finalmente, "recibió en su domicilio un informe de vida laboral, observando que había sido dado de alta en 'Aglomerados Morell S.A.' desde marzo a septiembre de 2008, hecho que nunca se ha producido", expone el informe. Gracias a la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de esta empresa, este hombre percibió "unos ingresos de 36.000 euros aproximadamente" entre 2008 y 2010.
CONOCIMIENTO "EXHAUSTIVO"
"Desde un principio tuvo la sensación de que era una situación extraña en cuanto al procedimiento", señala el informe recogiendo el testimonio de Llorente Herrero, quien no obstante ha alegado no haber sido consciente de lo "irregular" de la ayuda de la que disfrutaba. Dado el caso, los investigadores creen que María Angeles Gala "tiene un conocimiento exhaustivo del procedimiento a seguir y las personas a las que acudir (...) a sabiendas de la ilicitud de tal procedimiento", poniendo de relieve que Gala pidió a Llorente Herrero que "hiciera como si no la hubiera conocido nunca" después de que los hechos investigados aflorasen a la luz pública.
