El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del proyecto de la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que reforzará la capacidad competitiva y atenderá las demandas de este sector estratégico en la economía regional, según el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Avila, quien ha confiado en que antes de que acabe el año esté aprobada por el Parlamento.

Andalucía es la segunda comunidad autónoma en número de cooperativas, con más de 4.500, y mantiene el liderazgo nacional en cuanto a empleo (unos 56.000 trabajadores). La futura norma, que sustituirá a la vigente desde 1999, introduce como principal novedad la agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios, según Avila, quien ha apuntado que también permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.

De acuerdo con el proyecto, la ley permitirá la constitución de una cooperativa sin necesidad de que intervenga un notario, facilitándose así los trámites registrales, además de rebajar de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración en este procedimiento. Las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social de la Junta se reducirán de cinco a una y también disminuirá el número de documentos solicitados.

Para facilitar la incorporación de nuevos socios se introduce la figura, pionera en España, del socio a prueba. Ello supone permitir la existencia de un periodo durante el cual la entidad podrá tantear la actitud del trabajador aspirante y éste familiarizarse con el funcionamiento interno de la sociedad antes de vincularse de forma estable. También se abre la posibilidad de que las aportaciones que deba realizar el nuevo miembro se puedan fraccionar o aplazar.

El proyecto refuerza el perfil inversor de las cooperativas y, en esta línea, suprime la actual exigencia de destinar un 15 por ciento de los beneficios al Fondo de Reserva cuando supongan la mitad del capital social. Por su parte, se reduce al 25 por ciento la proporción de beneficios extracooperativos (procedentes de operaciones con terceros) para el Fondo de Reserva, frente al actual promedio del 90 por ciento. Además, se abre la posibilidad de que la Asamblea General de la entidad pueda decidir destinar parte de esta reserva a inversiones productivas, de cooperación o de internacionalización. Con el propósito de permitir una mayor flexibilidad interna, el proyecto de ley regula diversas medidas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, como las denominadas asamblea y consejo rector virtuales. Asimismo, la norma tan sólo exigirá una sesión imperativa anual del consejo rector.