La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, anunció ayer que recortará las retribuciones de todos sus empleados públicos, incluidos los de las empresas públicas, en aplicación del decreto ley del Gobierno central para reducir el déficit público, aunque admitió que no podrá aplicar dicha bajada a los trabajadores de estas empresas públicas con convenios colectivos si no alcanza un acuerdo previo con los sindicatos. La consejera presidió en Sevilla la reunión de la mesa general de negociación del empleado público, a la que acudieron los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que rechazaron de pleno dicho recorte y se mostraron "indignados". A su juicio, las medidas de ajuste "han roto toda la negociación colectiva del país, además del Pacto de Toledo".
Martínez Aguayo precisó en esta reunión, meramente "explicativa", que el recorte del 5% tendrá un carácter progresivo que oscilará entre el 0,56% y el 7% y hasta el 15% en las retribuciones de los altos cargos. Añadió que dichos recortes constituirán un ahorro previsto de 800 millones de euros, de los que 300 millones corresponden al ejercicio del 2010 y 500 millones a la aplicación de esta medida en todo el año 2011.
