En pie frente a la nueva reforma

El sector agroalimentario es, desde hace décadas, el motor económico de Córdoba, ya que posee una profunda tradición agrícola y ganadera. Por eso, cada modificación de la Política Agraria Común (PAC) tiene una enorme transcendencia en la provincia. A los nueve meses de la entrada en vigor de las nuevas medidas y de la puesta en marcha del Plan Estratégico de la PAC de España (Pepac), la ciudad de Córdoba acogió una reunión informal de los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea, presidida por su homólogo español, Luis Planas, para abordar asuntos como las nuevas tecnologías, la sostenibilidad o el cambio climático. Pero no fue la única cita, porque aquí también se concentraron varios miles de agricultores y ganaderos de toda España, convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, para reclamar a Bruselas un cambio de rumbo en su política agraria, máxime en un momento especialmente complicado para el campo por la sequía y por la subida de precios generalizada.

La reunión europea de agricultura congrega a 300 asistentes en Córdoba

Son muchos los lugares de desencuentro entre el sector agroalimentario y quienes diseñan las políticas agrarias, a juzgar por las declaraciones de unos y otros desde la entrada en vigor de la nueva PAC.

Para Carmen Quintero, secretaria provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la reforma de la PAC «no es justa ni social y acelera el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones en nuestra provincia». Además considera que con la nueva política europea para los ganaderos y agricultores se ha incrementado «de una forma desmesurada la complejidad regulatoria y las exigencias aplicables de la actividad agraria», lo que en su opinión representa «un impedimento para la actividad de la agricultura profesional independiente, constituida principalmente por microempresas», que además genera costes adicionales. A ello hay que sumarle, según Quintero, la «complejidad de las normas ambientales que incide directamente en la actividad agraria».

Demandan una mayor simplicidad en el proceso de solicitud y recepción de las ayudas de la PAC

Por otra parte, Quintero indica que el Pepac, elaborado por el Gobierno de España, «también resulta decepcionante», ya que cree que nuestro país «desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional agrario mayoritario».

Por lo que se refiere a las ayudas, Carmen Quintero reclama una «simplificación administrativa» para el cobro «de las ayudas en plazo» y con el objetivo de que «ningún pago se vea impedido por las deficiencias en la gestión administrativa de los expedientes de las ayudas». Y junto a ello, entre otras cuestiones, cree fundamental que haya «una PAC con un presupuesto fuerte destinado a garantizar la actividad productiva» y la generación de alimentos que garantice la soberanía alimentaria en nuestra provincia, todo ello orientado a apoyar un modelo preferente de explotación prioritaria que tenga en cuenta las particularidades de los distintos sectores» de Córdoba. Además, la presidenta de COAG considera prioritario que la PAC asegure «la estabilidad de los mercados» y que cuente con un mecanismo de gestión «adaptado y actualizado a la realidad económica», así como «reequilibrar las relaciones comerciales» para que agricultores y ganaderos cubran los gastos de producción.

En este sentido, Quintero opina que «se han de flexibilizar las normas de competencia para los productores y ampliar el contenido de las garantías de los contratos para que exista una negociación colectiva en la cadena agroalimentaria». Apoyos que deben completarse con una política de desarrollo rural, para que, por ejemplo, mejore la eficiencia de las explotaciones o para que se haga efectivo el relevo generacional. 

El problema del agua

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias en Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, estima que «los agricultores cada vez tienen más desapego a la PAC y que la PAC cada vez representa menos a los agricultores», puesto que desde Bruselas «se ponen trabas» en vez de garantizar que las explotaciones sean «competitivas productivas y rentables». Para ello, Sánchez de Puerta cree que es necesario hacer apuestas definitivas como «aumentar la superficie de regadío».

Sobre esta cuestión, matiza que, en Andalucía, «Córdoba es la más perjudicada junto con Sevilla» por la falta de una política «que consiga aumentar la superficie de regadío», ya que estas provincias tienen menos superficie regable. Por ello cree que «corremos peligro de que Córdoba, pese a ser un referente en España» en el sector agroalimentario «se quede relegada», porque «si no tiene agua no tiene nada».

Las organizaciones agrarias piden una política hídrica que garantice la supervivencia de los cultivos.

En la misma línea, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Córdoba, Miguel Cobos, subraya que el secano tiene «poco futuro» y que la provincia tiene un elevado porcentaje de tierras de secano. Por eso, «si queremos garantizar el futuro agrícola en Córdoba hay que hacer más infraestructuras de riego y modernizar las que tenemos», sin olvidar que se pierde agua en los procesos de regadío, por cuestiones como las averías o la evaporación.

Sobre este asunto, Cobos ha hecho hincapié en que también es importante que se autorice a los particulares a hacer pequeñas balsas de almacenamiento que garanticen la salud hídrica de los cultivos y apuesta por que en la provincia se transforme a regadío el olivar de secano en las zonas en las que se pueda.

Productos de terceros países

Para las organizaciones agrarias, otro de los puntos flacos de la nueva PAC es, como señalan desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Córdoba, que los productores españoles tengan «el mismo trato» que los de terceros países, es decir, aquellos que no forman parte de la UE, opinión que comparten el resto de organizaciones agrarias. Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, subraya la importancia de que se cumplan las llamadas «cláusulas espejo», es decir, que a los productores foráneos se les exija las mismas garantías, tanto sociales y de condiciones laborales como en materias como uso de fitosanitarios o fertilizantes.

A esa competencia hay que sumar los altos costes de producción, que en muchas ocasiones no se cubren cuando el producto sale al mercado, y la complejidad burocrática para acceder a las ayudas. Fernández de Mesa especifica que la PAC supone un 30% de los ingresos brutos de los agricultores y ganaderos y que, aunque se trata de «una cifra importante», se ha «complicado» por una disminución del presupuesto y por las «dificultades que entrañan» cuestiones como el desarrollo de los ecorregímenes, «que pueden ser una trampa difícil de cumplir en muchos casos».

Terceros países solicitan que se cumplan las «cláusulas espejos»: mismas garantías para productos foráneos.

De la misma opinión son Miguel Cobos, que habla de una «carga burocrática impresionante», y Sánchez de Puerta, para quien una de las soluciones del sector pasa por «replantear la política de ecorregímenes».

Por su parte, Carmen Quintero enfatiza que las condiciones que impone el Ministerio de Agricultura para poder cobrar las ayudas directas, en un momento «de crisis de precios sin precedentes» y con unos «elevados costes de producción», son «cada vez más complejas, por no decir que implican un coste» para cumplir las condiciones requeridas «que en ocasiones es mayor que las ayudas que se van a recibir». «Por eso, muchas personas que han solicitados las ayudas no se acogen a determinados puntos porque es inviable cumplir con los requisitos establecidos para las distintas explotaciones», indica.

Hasta mediados de agosto, como informó Diario CÓRDOBA, casi 40.000 agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba presentaron la solicitud única de ayudas y pagos de la Política Agraria Común (PAC) este año, según explicó el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta. Esta cifra supone un descenso del 2,5% frente a 2022, cuando se presentaron 40.167 solicitudes únicas, frente a las 39.146 registradas en los ocho primeros meses del año de la entrada en vigor de la nueva PAC.