La pandemia ha retrasado hasta el 1 de enero del 2022 la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre producción ecológica, un marco legal que busca uniformar las reglas de juego de los países, dar estabilidad al sector para que se sumen nuevos operadores y promover el consumo de alimentos bio. En principio, estaba previsto que el Reglamento 2018/48 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, cuya redacción final fue fruto de tres años de intensos trabajos, se aplicara a partir de enero de 2021.
Europa se ha puesto como objetivo que el 25% de la superficie agrícola sea ecológica en el año 2030 y que aumente el consumo de productos orgánicos, no porque los convencionales no sean seguros, sino porque son «la opción más saludable» y atienden a las demandas de calidad y bienestar animal que reclama el consumidor.
Así lo exponía el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, cuando a finales de marzo pasado presentaba el nuevo Plan de Acción para la Agricultura Ecológica, otro documento que, aunque no es jurídicamente vinculante, también rema en la misma dirección.
El «padre» de ese Plan de Acción, el español Diego Canga -consejero principal de la Dirección General de Agricultura (DG Agri), de la Comisión Europea-, ha explicado que el documento pretende dar un «impulso nuevo -con el objetivo cuantificado del 25%»- para aumentar las superficies ecológicas en Europa.
Con el nuevo documento no hay una producción bío a la carta en cada Estado miembro y una granja ecológica de gallinas en Galicia y otra en Polonia se regirán por los mismos criterios.
España es el país comunitario con más superficie ecológica (2,44 millones de hectáreas en el 2020, un 3,52% más que en el 2019), según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, el «punto débil» de España, como ha advertido Diego Canga, es «el consumo», que se encuentra «muy por debajo del de la media europea», pese que el año pasado creció un 6,10 %, hasta los 53,41 euros per cápita.
