Los países de la Unión Europea (UE) dieron luz verde este lunes al acuerdo alcanzado hace unos días por las instituciones europeas sobre la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027, una reforma que pretende responder a los retos ambientales y climáticos a través de una producción más sostenible. Los ministros de Agricultura debatieron en una reunión en Luxemburgo el acuerdo logrado el pasado viernes entre las instituciones europeas (Consejo y Eurocámara, con el apoyo de la Comisión).
«Quiero calificar el acuerdo de hoy de acuerdo histórico. Es la mayor reforma de la Política Agraria Común desde los años 90. Implica un cambio de enfoque sustantivo por la novedad que suponen los planes estratégicos nacionales y por la ambición ambiental», dijo en rueda de prensa al término de la reunión el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
La mayoría de delegaciones reconoció que algunos aspectos no son exactamente como lo que el Consejo quería conseguir, pero lo consideraron en general equilibrado y positivo. España opinó que es un «buen acuerdo», primero desde el punto de vista del «objetivo financiero», dijo Planas.
La PAC estará dotada en los próximos años de unos 390.000 millones de euros del presupuesto europeo, de los que unos 47.000 irán a parar a los agricultores y ganaderos en España (donde hay unos 695.000 beneficiarios).
Además, asegurará un «equilibrio» entre la rentabilidad económica de las explotaciones y los objetivos ambientales y de lucha contra el cambio climático, dijo Planas. También destacó la «flexibilidad y subsidiariedad» que facilitará en la toma de decisiones sobre los planes estratégicos nacionales, una de las principales novedades de la nueva política. El ministro confió en un próximo acuerdo entre las comunidades autónomas españolas sobre la PAC. «Si hemos sido capaces de hacerlo a nivel europeo espero y deseo que seamos capaces de hacerlo en España», dijo Planas. Este miércoles se anunciará la fecha de la conferencia sectorial para abordar el tema, dijo el ministro.
Planas destacó durante el debate con sus homólogos el papel de liderazgo de las mujeres que han ayudado a lograr el acuerdo de la PAC, empezando por la titular portuguesa, Maria do Céu Antunes, cuyo país preside la UE este semestre. Por su parte, la ministra portuguesa dedicó el acuerdo en particular a las mujeres del sector agrícola y ganadero.
Un nuevo pago que quiere incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente. Los países estarán obligados a ofrecer este nuevo instrumento, que será voluntario para los productores y al que se destinará el 25% de los pagos directos, con un periodo de aprendizaje de dos años, en el que ese porcentaje se podrá limitar al 20 %.
Desde 2023 con carácter voluntario y 2025 de forma obligatoria, la concesión de ayuda a las explotaciones quedará sujeta al respeto de las normas laborales. Para ponerlo en práctica se cruzarán datos con las autoridades responsables con el fin de excluir de las ayudas a aquellas que incurran en abusos. Planas consideró que el acuerdo alcanzado sobre este punto «no supone una carga administrativa adicional» y precisó que, en todo caso, la gran mayoría de los productores no incurren en este tipo de infracciones.
Los Estados repartirán el 10% de los pagos directos a las explotaciones agrícolas más pequeñas.
