El Parlamento aprobó ayer, con los votos favorables del PSOE, PP y Ciudadanos, la modificación de la LOUA, con la que la Junta prevé regularizar la situación de unas 25.000 viviendas ilegales en Andalucía, un 8% del total de las que hay en la comunidad, que ascienden a unas 300.000. La nueva normativa, que contó con la abstención de Podemos e IU, entrará en vigor después de más de un año de debate y fija controles sobre el tipo de vivienda que pueden acogerse a los cambios para regularizar las edificaciones ilegales. Podrán legalizarse edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición. La gran mayoría de estas construcciones se sitúan en la comarca malagueña de la Axarquía y en la almeriense de Almanzora, aunque otro buen número de ellas se ubica en la provincia de Cádiz, y todas ellas se podrán inscribir en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua.
Sus propietarios deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos.
Todos los grupos parlamentarios consiguieron introducir en la modificación legal distintas enmiendas, lo que fue destacado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que, una vez terminado el debate, agradeció su participación en la tramitación del proyecto, así como la de los agentes sociales. Según Fiscal, el cambio normativo responde a la necesidad de atender las demandas de los ciudadanos y a ofrecer soluciones «reales de manera eficaz, pese a la diferencias lógicas» entre partidos.
