El relato ofrecido por una de las víctimas de la red pederasta en la Iglesia granadina destaca que los curas acusados tenían un alto nivel de vida y disponían de una veintena de propiedades inmobiliarias repartidas por la provincia, desde un lujoso piso en pleno centro de Granada hasta apartamentos en la playa y chalets en la Alpujarra. En algunos de ellos se habrían cometido los abusos sexuales.
El origen de esta fortuna también es cuestionado por la policía. Y es que los familiares de una farmacéutica de la localidad granadina de Orgiva, donde ejerció durante años el juez eclesiástico Francisco José Campos Martínez, ahora detenido, aseguran que este engatusó a la anciana para que lo nombrara albacea de su fortuna, valorada en tres millones de euros.
Todo Orgiva sabía de la bondad de María del Rosario Muñoz, sin descendientes directos y viuda de un procurador, y que su deseo era que su fortuna se destinara a una fundación y varios proyectos de beneficencia. Y nadie parecía mejor para asegurar que se cumplía esta voluntad que el entonces párroco, Campos Martínez, del que todo el mundo hablaba maravillas y al que despidieron con flores cuando dejó el pueblo.
Pero María del Rosario Muñoz murió en el 2008 y el dinero nunca llegó a Orgiva en forma de obras de beneficencia. Tampoco lo vieron sus sobrinos, como Salvador Alvarez, que denunciaron públicamente que el cura convenció a la anciana para controlar su fortuna "modificando el testamento para perjudicar a quien protestara en los tribunales" e incluso a quien se acercaba a ella.
