El 2018. Ese es el horizonte temporal que se marca el gobierno andaluz para poner en marcha el juzgado de 24 horas. Sin especificar fechas concretas. Así de meridiano lo dejaron fuentes de la Consejería de Justicia después de que todos los grupos, incluido el PSOE, aprobaran por unanimidad ayer por la tarde una proposición no de ley en la Cámara que señala textualmente el compromiso de «impulsar la implantación definitiva del juzgado de guardia de 24 horas en Córdoba capital, llevando a cabo todos los trámites necesarios y previsiones presupuestarias para que sea una realidad, con la finalización de la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia, así como la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en Córdoba, en unos plazos que no deben superar el 30 de junio del 2018». Una enmienda propuesta por el PSOE a dos proposiciones no de ley del PP y Ciudadanos que el gobierno debería tener en cuenta a la hora de marcar los plazos. El acuerdo llega solo dos días después de que todo el sector de la justicia en Córdoba mostrara públicamente su postura unánime de reclamar la implantación de este juzgado como una prioridad absoluta.

Horas antes de que la comisión de justicia debatiera este asunto en el Parlamento, la Consejería hacía público un comunicado en el que anunciaba en boca del consejero, Emilio de Llera, la intención del gobierno de «estudiar» la puesta en marcha del juzgado de 24 horas durante el 2018. La fórmula empleada en la nota de prensa, «estudiará», no pareció convencer a los sindicatos, ya que después de conocer la noticia, la junta de personal confirmó su intención de mantener las movilizaciones previstas, la primera hoy en la puerta de la Audiencia Provincial a las 10.00 horas. La fecha 30 de junio del 2018 se concretó a última hora de la tarde en sede parlamentaria aunque, como cualquier proposición no de ley, está por ver qué validez le da Justicia. Según la Consejería, ya se han iniciado «los trabajos de planificación para, una vez que la Ciudad de la Justicia esté plenamente en marcha, previsiblemente a comienzos del 2018, se pueda acompasar el desarrollo del juzgado de 24 horas» con la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial y Fiscal, condición esta última puesta por el consejero como imprescindible en su intervención parlamentaria anterior. Asimismo, señala que la implantación en el partido judicial de Córdoba del régimen de guardias de 24 horas ha de realizarse con un análisis serio de la realidad y contar con los recursos necesarios para su puesta en marcha. La reacción de los afectados no se ha hecho esperar. El presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez, se mostraba ayer satisfecho de que la Junta haya reaccionado a esta demanda largamente reclamada desde el ámbito jurídico. «Creo que este compromiso es un grandísimo avance, un éxito para Córdoba, y agradezco a la Consejería y a la delegada del Gobierno de la Junta la receptividad que han tenido ante la reclamación unánime de los órganos judiciales». El juez decano, Miguel Ángel Pareja, valoró positivamente el anuncio. «Creo que la Junta reconoce la necesidad que tiene Córdoba de contar con un juzgado 24 horas», señaló, al tiempo que coincidió en que «se trata de un éxito de todos los estamentos que han secundado esta demanda». El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, reiteró que «Córdoba necesita un juzgado 24 horas y cumple todos los requisitos necesarios para tenerlo», por lo que consideró un avance que se haya concretado en sede parlamentaria una fecha para la puesta en marcha del servicio. Asimismo, insistió en la necesidad de que eche a andar con la dotación presupuestaria suficiente. El Colegio de Abogados secundará la concentración de hoy.

La portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz recordó que «la Junta no es quien tiene la última palabra en este tema» y que «ese juzgado no será una realidad hasta que no lo autorice el Ministerio de Justicia» por lo que instó al PP a que actúe «con responsabilidad» y respalde desde el Gobierno la puesta en marcha del servicio. Tras votar el acuerdo, la portavoz popular en el Parlamento, Rosario Alarcón, dio «la enhorabuena y las gracias a la comunidad jurídica cordobesa por luchar por este servicio» y recalcó que «ha hecho falta traer cinco veces el tema al Parlamento y que el sector de la justicia lo reclame en la calle para que el consejero se comprometa». El grupo parlamentario de Ciudadanos también mostró su satisfacción con el acuerdo. H