Cinco detenidos. Ese fue el balance ayer en Córdoba de la nueva fase de la operación Edu, que investiga el fraude de los cursos de formación en Andalucía y que ayer se extendió también por Granada y Jaén. Pero no quedará ahí el número de detenciones, porque la previsión es que en estas tres provincias se produzcan 114 arrestos en los próximos días, entre los que figuran empresarios, promotores de asociaciones y funcionarios, informaron fuentes policiales.
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tomaron a lo largo del día declaración a los cinco detenidos en la Comisaría de Campo Madre de Dios, al parecer, todos ellos empresarios que recibieron en el año 2011 fondos para cursos con compromiso de contratación. De hecho, según las fuentes consultadas, la investigación, que judicialmente está en manos del Instrucción número 8, se centraría en Córdoba en 32 empresas receptoras de 2,3 millones de euros adjudicados aquel ejercicio por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Entre los investigados se encuentra la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba (Asemeco), que habría recibido en su día dos ayudas, de unos 22.000 y 163.000 euros, aunque desde la patronal se negó ayer cualquier tipo de irregularidad. Su gerente, Alfredo Arroyo, explicó ayer que Asemeco "está colaborando" con los agentes que están "inspeccionando" expedientes de formación, pero en la asociación "no hay nada de nada, ni imputados ni detenciones", aseguró. Arroyo mostró la disposición de Asemeco "a que se resuelva y se aclare todo" porque "nos está dañando y perjudicando muchísimo", insistió. Y es que los investigadores han citado a declarar en los últimos meses a alumnos de los cursos impartidos desde la patronal del sector metalúrgico, a docentes y a responsables de la misma tanto en el 2011 como en la actualidad, a estos, según algunas fuentes, incluso ayer mismo. En total, en Córdoba se ha tomado declaración a unos 500 alumnos y unos 70 profesores de cursos de formación.
Fuentes empresariales explicaron ayer que el problema se planteó en Asemeco cuando no pudo cumplir el compromiso de contratación de unos cursos y lo comunicó a la Junta. Empleo le eximió del compromiso, pero al pasar las competencias a Educación esta Consejería no lo aceptó. "Este tipo de decisiones nos sientan muy mal porque Asemeco ha trabajado muy bien. La dificultad que han tenido es que no han podido colocar a todos los que se habían comprometido en la formación. Tenían una resolución eximiendo de este compromiso de la Consejería de Empleo. Nos parece que lo que ha sucedido no es acertado", indicaron las mismas fuentes.
Las investigaciones, que se siguen en toda Andalucía, pretenden conocer si hubo empresas que recibieron subvenciones públicas por cursos de formación que no se impartieron, si declararon más alumnos de los que tenían, no emplearon personal docente cualificado o no cumplieron los requisitos de contratación. En esa línea se investigan en Córdoba varias empresas, algunas con la misma sociedad detrás. Así, el digital Vozpópuli señalaba ayer a Los Califas Escuela de Formación y Nuevas Tecnologías Escuela de Formación, que fuentes empresariales vincularon con autoescuelas. También se han puesto las miradas en otras empresas sobre las que hay sospechas de que fueran creadas como meras cazasubvenciones.
