La Mezquita Catedral no es propiedad de la Iglesia Católica. Así lo sostiene el informe de 20 páginas elaborado durante un año y cuatro meses por una comisión de expertos presidida por el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, un documento que es contundente al afirmar que la Iglesia «no tiene ni puede tener título de propiedad alguno» sobre la Mezquita Catedral. Este informe fue encargado por el Ayuntamiento para conocer la letra pequeña de la titularidad de la Mezquita y trazar una hoja de ruta sobre qué hacer para que el conjunto monumental vuelva a ser de dominio público. Así, en la presentación del informe ayer en el Ayuntamiento, fueron varias las preguntas dirigidas a la alcaldesa en este sentido. ¿Qué va a hacer el equipo de gobierno municipal ahora que los expertos han asegurado que la Mezquita no es la de la Iglesia? ¿Irá a los tribunales? ¿Espera que el PSOE recabe apoyos parlamentarios para que el Estado recurra la propiedad del monumento ante el Tribunal Constitucional? Nada de ello tuvo una respuesta clara de la regidora, quien insistió en que no conocen en profundidad el texto y que en los próximos días será cuando lo analicen y valoren los pasos a seguir. Eso sí, aseguró que «sería una irresponsabilidad no hacer todo lo posible para revertir la situación y no llegar hasta el final», lo que evidencia que el Ayuntamiento dará los pasos que tiene a su alcance para que la Mezquita vuelva a ser propiedad del Estado.
Documento íntegro del comité de expertos sobre la Mezquita-Catedral (PDF)
REVERTIR LA SITUACIÓN / En una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por Mayor Zaragoza y los dos historiadores que firman el informe -Alejandro García Sanjuán y Juan Bautista Carpio- , la alcaldesa dijo que su intención es «revertir una situación en la que la ciudad no se sentía cómoda», como es el hecho de que la Iglesia figure como propietaria de la Mezquita Catedral bajo el paraguas de una reforma de la ley hipotecaria realizada por el Gobierno de Aznar. Ahí, tal y como considera el informe, está el origen de una anomalía legal que permitió una inmatriculación que rompe el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que permite a la Iglesia inscribir sin presentar pruebas de la propiedad.
La alcaldesa indicó que en los próximos días consultará con los grupos municipales y con los servicios «de la casa» las acciones a emprender «dentro de nuestro ámbito de competencia» y apuntó que el documento también lo harán llegar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central. No obstante, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez no deben ser ajenos a este informe dado que Mayor Zaragoza ha afirmado que la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha formado parte de las conclusiones que se exponen en dicho texto. La número dos del Ejecutivo integraba la comisión de expertos que firma el documento hasta el pasado mes de junio, cuando la abandonó coincidiendo con su nueva responsabilidad a nivel nacional.
Vídeo: La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, presenta el informe ante la prensa.
«El Ayuntamiento no podía quedarse de perfil ante esta situación», ha insistido Isabel Ambrosio, quien reiteró que «hubiera sido una irresponsabilidad no defender ni buscar fórmulas para revertir una realidad que ha estado desvirtuada desde 2006 hasta ahora». No obstante, la alcaldesa asumió que «otra cosa es que nos den la razón en un proceso jurídico que puede ser largo».
Sea como sea, la responsable municipal manifestó que la transparencia va a primar cualquier paso que den al respecto desde estos momentos y aseguró que la decisión que se tome no va a estar condicionada por ninguno de los procesos electorales que ya se atisban en el horizonte. «Nuestro único compromiso era tener las conclusiones de este informe, y así lo hemos hecho». La alcaldesa también indicó que el diálogo va a primar cualquier decisión, y en cuanto a la posibilidad de que ese diálogo se extienda también al Cabildo, apuntó que «siempre tendemos la mano para buscar acuerdos de interés general».
La alcaldesa informó de que la comisión se ha reunido en cinco ocasiones para la elaboración del documento, que ha contado con un presupuesto de 898 euros en concepto de desplazamientos.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Pedro García, afirmó ayer que «es muy positivo tener un informe que clarifique lo que ya sabíamos» y es que, a su juicio, la inmatriculación de la Mezquita Catedral «es parte de uno de los mayores expolios que se han cometido nunca, y toca revertir esa situación». Para ello, comentó que «ahora tenemos una herramienta para que el Gobierno trabaje en el recurso o acudir a la vía judicial», si bien insistió en que son términos que hay que estudiar.
Por su lado, Rafael Blázquez, concejal de Ganemos Córdoba, apuntó que «esperemos que los gobiernos municipal y estatal estén a la altura y mantengan el espíritu de la lucha ciudadana, que es la que ha peleado por la Mezquita». El PP rehusó ayer valorar las conclusiones del informe del comité de expertos.
