Que José Ignacio Wert no se lleve a engaño. El apoyo que los consejeros de Enseñanza de las comunidades gobernadas por el PP otorgaron a su reforma no es un cheque en blanco. A cambio de lograr su voto favorable a la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, el titular de Educación se ha tenido que comprometer por escrito a que "el ministerio asumirá con cargo a su propio presupuesto la financiación de los gastos directamente relacionados con la implantación de la ley". La estimación inicial del Gobierno es que los dos primeros años de la LOMCE supondrán un sobrecoste de 7,5 millones de euros.
El compromiso de financiación figura en la memoria del borrador de la ley, que, sin embargo, no despeja las dudas sobre quién pagará la segunda fase del despliegue de la ley, los denominados "costes de consolidación de la reforma". La respuesta se espera que la dé el ministro en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación convocada para la tercera semana de enero.
EL PRIMER AHORRO El ministerio espera que en el primer ejercicio completo de la ley, el del 2015, se consiga incluso un ahorro de 3,8 millones, gracias al nuevo diseño que la LOMCE hace del bachillerato, que de las actuales nueve vías de estos estudios posobligatorios pasa a tan solo cuatro modalidades. El propósito es que cada instituto se especialice en una de estas modalidades y que, por lo tanto, se abaraten los gastos.
El verdadero sobrecoste, admite la misma memoria, llegará en el segundo año de la reforma, el 2016, cuando el ahorro de 44,6 millones que se conseguirá con el desarrollo completo del nuevo bachillerato no será suficiente para compensar los 52,8 millones que costará la puesta en marcha de la formación profesional básica, hacia la que se encaminará a los alumnos de 15 años que "no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso de la ESO", según recoge la LOMCE en su informe.
Pero más que la implantación, lo que realmente preocupa a las comunidades autónomas es lo que el Gobierno ha bautizado como "costes de consolidación de la reforma educativa", un proceso que se prolongaría hasta el año 2020 y que, en teoría, tendría que confirmar el éxito de la LOMCE. Los últimos datos del ministerio hablan de una tasa actual del 30,6%.
Wert confía en que, solo con la entrada en vigor de la LOMCE, el porcentaje de jóvenes que aprueben para entonces el bachillerato sea, como mínimo, del 50% de los alumnos de estudios posobligatorios (ahora es del 48,6%) y de al menos el 20% en la formación profesional de grado medio (actualmente es del 18,9%). La tasa de titulados de la nueva formación profesional básica sería del 8%. Pero eso, prosigue la memoria, tiene también un coste. ¿Cuánto? "Incrementar un punto la tasa de titulación en bachiller supone un coste de 74,36 millones de euros y un punto en ciclos formativos de grado medio sería de 88,5 millones", dice el texto, que a renglón seguido añade que el importe "dependerá de las decisiones de cada administración educativa" o, lo que es lo mismo, que será cada autonomía quien tendrá que decidir cuánto quiere invertir,
