La Guardia Civil arrestó ayer a cinco personas en Valladolid y Sevilla acusadas de vender y explotar a una menor de 11 años, a la que maltrataban y amenazaban, y que fue vendida por sus padres por 17.000 euros para que contrajese matrimonio en una fiesta de compromiso en Rumanía.
Los hechos se remontan al mes de mayo del año pasado cuando los padres de la menor, rumanos y residentes en Sevilla, vendieron por una cuantía de 17.000 euros a su hija a un clan familiar --también de origen rumano-- afincado en Valladolid, para que se casara con un hombre.
Tras la fiesta de compromiso celebrada en Rumanía, la menor regresó a Valladolid, donde fue maltratada, amenazada e insultada, además de sufrir abusos sexuales.
También la sometían a jornadas laborales intensas recogiendo uvas y patatas y sin que recibiera ningún tipo de contraprestación económica, por lo que finalmente hizo una llamada de socorro a su madre que reside en la capital hispalense.
El clan familiar residente en Valladolid advirtió a la madre de la niña que solo la dejarían regresar a Sevilla si pagaban 10.000 euros, y llegaron a arrancar de forma muy violenta los pendientes que llevaba la niña como parte de la compensación de la deuda que contrajeron sus padres cuando pidieron la vuelta de la menor.
Cuando el clan de Valladolid se percató de que estaban siendo vigilados por la Guardia Civil, enviaron a la menor de vuelta en un autobús a Sevilla.
Los detenidos en la operación Cachiseca " tienen entre 19 y 41 años y pertenecen a los dos clanes familiares implicados.
Están acusados de delitos de trata de seres humanos, malos tratos, hurto, abuso sexual, agresión sexual y explotación laboral, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
De los cinco detenidos, se ha decretado ya el ingreso en prisión del hombre que contrajo matrimonio con la niña en Rumanía y de su padre.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, señaló al respecto que ya se ha declarado el desamparo de la menor, y que "en estos momentos se encuentra en un centro de menores de la Junta de Andalucía". En este sentido, Sánchez Rubio explicó que se trata de la medida "más fuerte" en el caso de los menores, porque y "se hace inmediatamente después de que haya una sospecha, puesto que debe haber una garantía de protección de los menores".
