Con el fin de "dar respuesta a los delitos que más repugnan" a la sociedad, en palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo de Ministros dio ayer su visto bueno a un informe que recoge las líneas maestras de la reforma del Código Penal que el Ejecutivo aspira a poner en marcha a partir del año próximo. El Gobierno pretende endurecer aún más el Código Penal, especialmente en el caso de delitos de terrorismo, violación y asesinato.

Para ello Gallardón ha decidido introducir en España dos figuras penales que ya existen en países del entorno y que no se habían importado hasta ahora porque la mayoría de los juristas consideran que el Código Penal español es suficientemente severo. Una de ellas es la prisión permanente o cadena perpetua revisables. El PP la presentó como una de las medidas estrella de su programa electoral y Gallardón ha decidido llevarla a la práctica en los primeros meses de su mandato. Al comienzo de la legislatura, el ministro señaló, no obstante, que solo se aplicaría en casos de terrorismo. Sin embargo, "tras escuchar a los expertos", Justicia ha decidido incluir parte de los delitos castigados con esta pena en otros países europeos.

RESPUESTA A SUCESOS Así, además de los homicidios terroristas, se castigarán con la pena máxima los magnicidios contra el Rey, el Príncipe y jefes de Estado extranjeros en territorio español. Además, "aunque es improbable que (estos delitos) se cometan en España", según reconoció el ministro, será la pena aplicada en casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Por último, se han incluido los asesinatos "agravados", es decir, cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable, cuando el asesinato se cometa después de una violación, en el caso de asesinatos en serie y en masa, y en aquellos cometidos por una organización criminal. Aunque Gallardón negó que el cambio responda a sucesos llamativos, como la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo y de los niños Ruth y José Bretón, es evidente que la reforma va dirigida a mantener durante muchos años o toda la vida entre rejas a asesinos que causan alarma social. "No pondré nombres, pero todos los tenemos en mente", llegó a reconocer el ministro.

La nueva pena significa que el reo pasará en prisión un mínimo, aún no definido, de entre 25 y 35 años. Los homicidios terroristas, que están castigados con 40 años de prisión (con un tiempo efectivo de 35 años), pasarán aún más tiempo en prisión, según aclaró Justicia.

La idea es que una vez cumplida la sanción, un tribunal colegiado revise el expediente y decida si pone en libertad al condenado, en el caso de que demuestre que se ha rehabilitado, o alargue su castigo. Ante este último supuesto, el caso se revisará cada año, a petición del reo, o cada dos años, de oficio. Fuentes de Justicia reconocen que el alargamiento de la pena se producirá solo "en situaciones muy concretas, por ejemplo en el caso de psicópatas" que no den síntomas de arrepentimiento.

ALARGAR LA 'CUSTODIA' La segunda figura que se introduce se denomina ±custodia de seguridadO y consiste en alargar la estancia en prisión hasta un máximo de diez años a aquellos condenados por un delito grave que reincidan una vez puestos en libertad. Se aplicará a delitos contra la vida, agresiones graves, violaciones, terrorismo o tráfico de drogas. También a quienes cometan por primera vez una pluralidad de estos delitos y se estime que una vez puestos en libertad pueden volver a las andadas.

Gallardón se cuidó mucho de dejar claro que la decisión, tanto en el caso de la prisión permanente como en la custodia de seguridad, corresponderá en exclusiva a los tribunales, después del malestar que ha causado en el ala dura del PP y en buena parte de su electorado la concesión por parte del Gobierno del tercer grado al preso de ETA enfermo Iosu Uribetxeberria Bolinaga.