El pasado jueves se constituyó la comisión de expertos creada para reclamar la titularidad pública de la Mezquita. Esta comisión, presidida por el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza e integrada además por la catedrática de Derecho Constitucional Carmen Calvo y los profesores e historiadores Alejandro García Sanjuán y Juan Bautista Carpio Dueñas, tiene previsto concluir sus trabajos antes de final de año. En palabras de la alcaldesa, el objetivo de esta comisión, que tendrá carácter asesor y funcionamiento autónomo, es dotar al Ayuntamiento de los argumentos necesarios para que la Mezquita vuelva a tener titularidad pública.
La creación de esta comisión no ha sentado bien al Cabildo, que sigue viendo la polémica en torno a la Mezquita como un ataque, manifestando categóricamente que «es una falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba», además de carecer de base jurídica. El PP, por su parte, organizó un foro de debate con afiliados sobre el tema, en el que se aseguró que el templo es propiedad de la Iglesia y la reclamación carece de sustento jurídico.
La constitución de la comisión de expertos ha llevado a su estado más abierto el conflicto político, social e institucional que ha generado hasta ahora el debate sobre la titularidad de la Mezquita, creando una situación casi tan previsible como necesaria. Las dos partes en conflicto tienen su legitimidad para defender lo que entienden que son sus derechos: el Cabildo, amparado en todos los precedentes históricos, y el Ayuntamiento y otras instituciones, que se consideran en la obligación de recorrer todos los caminos legalmente posibles para aclarar de una vez si existe la posibilidad jurídica de reclamar esa titularidad y actuar en consecuencia. A partir de aquí, Córdoba debería dar por agotada esta fase del debate en torno a la Mezquita -a veces profundo, otras demasiado bronco- y dejar que los hechos sigan su curso. La ciudadanía conoce ya todos los argumentos a favor y en contra de cada posición, pero no el resultado final que avalará a unos frente a otros. La reacción expresa tras la constitución tanto por parte del Cabildo como del PP justifica aún más la necesidad de cerrar esta polémica que algunos replanteamientos colectivos o particulares intentan sostener magnificándola. Ya no es tiempo de seguir en esta confrontación dialéctica que puede acabar distorsionada en intereses electorales o políticos, generar una mayor tensión social innecesariamente, afectar a la marca Córdoba como ciudad de diálogo e incluso despertar nostalgias peregrinas que nadie pretende y que obviamente Córdoba no merece. Tenemos que respetar la posición de cada parte, es tiempo de dejar de decir lo mismo y que los hechos, desde la serenidad y el respeto institucional, sigan su curso.
