El capítulo de los avales destinados a afrontar las fianzas completó ayer el obsceno escándalo de las tarjetas opacas para gastos privados de 83 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, que avanza por la vía judicial en medio de no menos bochornosas revelaciones de sus dos más destacados implicados, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Sin escrúpulo alguno, el primero de ellos quiso endosar a la aseguradora de la entidad de ahorros el pago de los 16 millones de fianza que le exige el juez Andreu, lo que el magistrado ha rechazado. Rodrigo Rato, por su lado, que ayer presentó el aval de 3 millones de euros para cubrir su fianza, ha echado mano de una disculpa pueril. "Todo estaba mal, pero yo no lo sabía", le dijo al juez, en una confesión de ignorancia que suena increíble en una figura de largo recorrido político (vicepresidente del Gobierno, e incluso pudo presidirlo) y financiero (dirigió el FMI).
Pero el caso de Rato abre también otra reflexión sobre la respuesta del PP ante el escándalo. Tras días de intensas presiones, el expresidente de Bankia se dio de baja el martes de su partido de forma voluntaria y con carácter temporal "hasta que todos estos hechos queden esclarecidos". En lo que parece una jugada premeditada, poco después de la rendición de Rato el PP anunció que paralizaba la investigación interna sobre él "porque en estos momentos ya no es militante". Es una reacción decepcionante que pone en entredicho las manifestaciones de los líderes del PP de querer llegar hasta el final en la búsqueda de responsabilidades de sus militantes envueltos en un pornográfico escándalo que ha desatado con razón la ira ciudadana.
