El 63% de los empleados públicos españoles supera los 50 años, y el grupo de edad mayor de 60 años es más numeroso que el menor de 30. Esos son los datos difundidos por el Instituto de Estudios Económicos en base a un trabajo de la escuela de negocios Esade, que encuentra en la situación un problema por la avalancha de jubilaciones que se avecina y también una oportunidad para que accedan a los puestos de la Administración española jóvenes más cualificados. El envejecimiento de la plantilla de funcionarios y empleados públicos españoles se ha acentuado durante los años de crisis, en los que la tasa de reposición de vacantes se ha reducido y la oferta se ha paralizado, de manera que entre los años 2011 y 2014 se han destruido 300.000 empleos públicos. La situación ha dado lugar a un no deseable incremento de las contrataciones temporales, que a medio plazo podrían generar derechos en las personas que ocupan estos puestos, restringiendo la situación ideal, que es la de la oferta pública de empleo de libre concurrencia, que dé a todos oportunidad de acceder a las plazas libres en la función pública, de manera que sean los mejores los que las ocupen. Si es cierto, como ha señalado el ministro Rafael Catalá, que el Gobierno desea poner en marcha una «intensa» oferta de empleo público, quizá pueda paliarse en parte una situación que, al final, va en detrimento de los administrados.
