El 19 de noviembre de 1931, durante los debates parlamentarios de las Cortes Constituyentes de la II República, tuvo lugar uno dedicado a la Acusación contra el rey Alfonso XIII, a fin de dictaminar su posible responsabilidad en el golpe de Estado de Primo de Rivera y, en consecuencia, en el régimen dictatorial que le siguió. Fueron bastantes los diputados intervinientes, pero por citar solo a los más conocidos, baste recoger los nombres del conde de Romanones (Alvaro de Figueroa), Angel Ossorio, José M Gil Robles, Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña. Este último, en su condición de presidente del Gobierno, cerró las intervenciones, que finalizaron con la aprobación de una sentencia donde se consideraba a Alfonso XIII "culpable de alta traición" y "fuera de la ley". El rey llevaba varios meses fuera de España, pero como recordó Azaña, con aquel fallo las Cortes le daban valor jurídico a lo acontecido el 14 de abril. Durante el debate Gil Robles había traído a colación el tema de la irresponsabilidad del jefe del Estado, fuese la forma de gobierno una monarquía o una república, cuestión rebatida por Alcalá-Zamora, que calificó su opinión de "monstruosidad jurídica", pues en 1923 el monarca se colocó fuera de la Constitución, que le reconocía esa inviolabilidad, y al final de su intervención señaló que "el problema de la responsabilidad de los reyes es un torrente para el cual no cabe cauce y no hay más jurisdicción efectiva que la del pueblo", manifestada en abril. Aquel discurso le valió una gran ovación que, como escribió Azaña, fue la antevotación del apoyo que recibiría unos días después para convertirse en el primer Jefe de Estado de la naciente República.
Meses después, el 27 de mayo de 1932, Azaña comentaba en su diario las discusiones en el seno del Gobierno acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y señalaba algo que se podría aplicar en la coyuntura actual: "Como siempre, salirse del problema les parece a muchas gentes que es resolverlo". Explicaba luego su intervención sobre el tema en el Congreso de los Diputados, un largo discurso de tres horas, que recibió los parabienes de buena parte de la Cámara, y cuando ya tarde vuelve a su despacho dice que pasó por "un extraño entretenimiento", que no fue alucinación "sino fantasía voluntaria", puesto que mientras observaba su imagen en el espejo entró en su despacho el rey, con quien mantuvo una conversación en la cual este le confiesa que ni es demócrata ni cree en la democracia, a lo cual él le responde: "Ni siquiera eso: no sabe usted lo que es", y después de intercambiar varias frases, la imagen del monarca se desvaneció.
La conclusión de esos hechos, uno real y otro imaginario, es que a Alfonso XIII se le exigió aquella responsabilidad porque no fue capaz de pensar y decidir en términos democráticos al aceptar a Primo de Rivera, cuando además García Prieto, que estaba al frente del ejecutivo, le había pedido su destitución, pero la respuesta real fue que "necesitaba reflexionar". Así fue cómo un rey le abrió paso a la desconfianza popular en la institución monárquica. ¿Se puede comparar con el momento presente? En mi opinión, no, porque hoy en su mayoría se trata de actuaciones de carácter privado, no institucional, inclusive lo relacionado con Cristina de Borbón. Quienes defendemos un modelo republicano no deberíamos centrarnos en ese tipo de cuestiones, sino en otras de mayor calado ideológico, sobre todo porque muchos de quienes ahora salen a gritar contra la familia real son los mismos que la han aclamado en otros momentos, como por ejemplo en sus bodas, y el republicanismo debe ser otra cosa diferente del griterío callejero, dicho esto en el día en que se cumplen años de que en 1873 quedara proclamada por las Cortes la I República española.
* Catedrático de Historia
