Ni siquiera Arnaldo Otegi ha calificado de «cacicada» la aplicación de la sentencia que dispone su inhabilitación, y que, en consecuencia, le impide ser candidato en las elecciones vascas. Otegi opina que hay un error judicial y recurrirá, pero Alberto Garzón va más lejos que los dirigentes de Podemos en el País Vasco, convirtiendo en «cacicada» un acto que deriva de un fallo judicial. La decisión de la junta electoral guipuzcoana, esperable y esperada, reabre la famosa brecha constitucionalista, incomodando incluso a los que hubieran querido que el dirigente de EH Bildu pudiera concurrir a las elecciones y no disfrutara de esta tremenda plataforma victimista a mayor rentabilidad de su formación. Mientras, en Madrid, PP y Ciudadanos afinan los conceptos de su negociación, y a punto han estado de convocar un cónclave que, en lugar de debatir si los ángeles tienen sexo o cuántos pueden bailar en la punta de un alfiler, como atribuye la leyenda a los bizantinos, decida los matices de la «corrupción». Depuran tanto el concepto que podría pasarles como a los ciudadanos de Constantinopla cuando llegó el turco. Sorprende que el PP precise un pacto de gobierno para deshacerse de sus chicos malos, y sorprende el aguante de C’s, similar a esas víctimas de bromas televisivas que van cayendo en el absurdo hasta aceptar lo que inicialmente ni imaginaban. Al menos ayer enseñaron los dientes tras la sesión negociadora.
Pues a seguir con los matices y las rupturas, que según parece la sociedad lo aguanta todo.
