Desaprovechar oportunidades

El foro en el que la comparecencia del president Puigdemont en el Senado se hubiera llevado a cabo no era un tema baladí. Finalmente se había decidido que tuviera lugar ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas (CGCA) y no en el pleno de la Cámara. Ambas posibilidades, a pesar de que pudieran considerarse similares, nos situaban ante escenarios distintos en los que el margen de maniobra disponible para la resolución final del proceso de activación del artículo 155 resulta muy diverso. En la dinámica que inspira el iter parlamentario de dicho precepto, la CGCA despliega una función de la máxima relevancia. Recibidas las medidas y actuaciones propuestas por el Gobierno, le corresponde no solo requerir al presidente de la autonomía afectada para que remita «antecedentes, datos y alegaciones» que considere pertinentes, sino también instarlo para que designase a «la persona que asuma la representación». Sobre la base de la información recabada y tras haber dado audiencia a la autoridad autonómica, la Comisión formularía una propuesta razonada de aprobación o rechazo de las medidas solicitadas por el Ejecutivo. El punto a destacar es que para determinar el contenido final de tal propuesta, la CGCA gozaba de potestad para introducir los condicionantes o modificaciones que estimase pertinentes sobre lo inicialmente recibido. Por lo tanto, comparecer ante la Comisión hubiera otorgado una fundamental baza política, puesto que al desvelar sus intenciones retenía la posibilidad de inclinar la balanza sobre la suerte final del 155. Los matices eran posibles y llegado el caso, al anunciarse la convocatoria de elecciones, incluso cabría haber auspiciado la desactivación del procedimiento. No ha sido así. Las ventajas de esta opción frente a la posibilidad de acudir ante el Pleno eran claras, puesto que en este caso se habría dado paso a un debate en el que la hoja de ruta de la intervención estatal sobre las funciones autonómicas ya habría quedado definida. La reforzada dimensión política del trámite era innegable, pero no cabe perder de vista que al trasladar el debate al momento final del procedimiento parlamentario que precede a la votación final no se habría dejado otra alternativa que la de tomar o dejar en bloque la propuesta de la CGCA. Con ello, los márgenes para explorar vías de reconducción de la situación menos traumáticas para el autogobierno de Cataluña habrían quedado neutralizados. Conscientes de la extraordinaria complejidad de la situación, así como del hecho de que la aritmética parlamentaria ha respaldado la iniciativa del Gobierno al contar con mayoría absoluta en el Senado, la comparecencia ante la CGCA hubiera brindado una oportunidad para un cierto (y muy contenido) optimismo. Teniendo en cuenta todo ello, Puigdemont perdió una última y valiosa oportunidad de hacer política.