El 24 de noviembre del 2016 se firma el acuerdo de paz ente el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para acabar con un conflicto armado que había durado 50 años desde la decada de 1960.
En el 2017, las acciones bélicas derivadas del conflicto disminuyeron hasta sus niveles históricos más bajos, mientras que la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales se ha recrudecido a niveles no vistos hace 10 años. Dicha ola de violencia ha culminado con el asesinato entre la firma del Acuerdo Final noviembre 2016 y el 31 de enero 2017 de, al menos, 17 personas defensoras, líderes y lideresas comunitarias y miembros de las Juntas de Acción Comunal. En febrero del 2017, la dinámica ha persistido, incluso se ha documentado un aumento en el número de amenazas, agresiones, atentados y ataques, entre otros incidentes de seguridad, perpetrados en contra del grupo de personas antes mencionado. Particularmente alarmante es la situación de hombres y mujeres pertenecientes al movimiento Marcha Patriótica: de los y las lideresas sociales asesinados desde el anuncio del Acuerdo Final en noviembre del 2016, la mayoría pertenecían a este movimiento que, además, desde su conformación en el 2012, ha denunciado el asesinato de alrededor de ciento treinta de sus miembros y un sinfín de amenazas, agresiones y atentados. En los primeros cuarenta días del 2017, han sido asesinadas otras cinco lideresas sociales de la Marcha Patriótica, lo que muestra de que la violencia sociopolítica en Colombia no ha terminado con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc EP.
A 18 de febrero del 2017 han sido asesinados al menos veinte líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos en diferentes partes del territorio, muchas de estas personas trabajaban en defensa de la tierra y territorio y en la construcción de paz. Los departamentos donde más agresiones y asesinatos se registran son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander y Bogotá D.C. Se puede observar que la mayoría de los asesinatos se han concentrado en zonas rurales del país.
El sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) recuerda que múltiples agencias como la Mapp OEA, Indepaz, la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación e, incluso, la Defensoría del Pueblo, han documentado «la continuidad del fenómeno paramilitar por rearmes, grupos que nunca se desmovilizaron, la continuidad de la violencia contrainsurgente y el desarrollo de una nueva fase de afianzamiento y consolidación del orden establecido en algunos territorios donde sobre las tierras arrasadas y despojadas se constituían prósperos negocios mineros, agroindustriales y ganaderos».
El 17 de mayo del 2017 asesinaron nuevamente a dos campesinos entre El Bagre y Zaragoza. Según Aheramigua, estos asesinatos se dieron después de que aproximadamente 80 neoparamilitares presentaron una lista de personas que iban a asesinar. Varias de las amenazas se ejecutaron: dos campesinos fueron asesinados el mismo día, uno de ellos torturado, descuartizado y luego lanzado al río, seguido del joven indígena Jesús Antonio Chima, guardia del resguardo indígena Los Almendros (El Bagre).
A finales de enero del 2017, las comunidades alertaron que un grupo de cerca de 15 neoparamilitares se encontraba patrullando el corredor del río Bagre; identificados como «Autodefensas Gaitanistas», portaban uniformes militares, armas largas y armamento pesado. En febrero, de nuevo Aheramigua denunció la presencia de grupos neoparamilitares uniformados y fuertemente armados en varias veredas de los municipios de El Bagre y de Nechí, que se identifican como «Autodefensas Gaitanistas», afirmando tener el control de la zona y amenazando a las comunidades en el caso de que no colaborasen con ellos.
* Profesor jesuita
