La aplicación del art. 155 de nuestra Carta Magna denota con las matizaciones pertinentes, y empezando por la región catalana, la general decepción del trazado territorial que el texto constitucional estableció amparándose, aunque no taxativamente, en la común lealtad institucional, tanto entre sí como con el gobierno centralizado del Estado, de los 17 entes regionales creados, a los que, en virtud de lo mandatado por la Constitución, se les habían transferido las correspondientes competencias políticas y administrativas.

La aludida frustración llena ahora, in totum, hasta el límite, en la comunidad autónoma de Cataluña, el contenedor de abusos, injusticias, arbitrariedades, atropellos, iniquidades, excesos y desmanes, despotismos, desafueros, ilegalidades y alcaldadas de una su gobernación que, además, despilfarra recursos, cercena libertades, establece barreras y fragmenta mercados, sirviendo principalmente a un amoral nacionalismo radicalizado, marrullero y secesionista que atenta contra la Constitución, poniendo en inminente peligro las libertades de todos los ciudadanos, la paz común y por ende la prosperidad colectiva.

Pues desde 1980 el nacionalismo en Cataluña ha sostenido y fomentado el negocio secesionista, estableciendo un entramado de intereses, tejido hilo a hilo; bien cierto que con la, solapada una veces y en otras ocasiones sin cortapisas, aquiescencia del central gobierno de la nación, auxiliado por la dialéctica polisemia ad hoc de ciertos conceptos políticos.

Mas la sociedad, si no desea su auto destrucción, no puede volverse tolerante con los que son intolerantes. En ningún caso. Y consecuentemente, con las necesarias cautelas, el Estado, con su gobierno, debe pasar a la acción utilizando la palanca que le presta la Constitución, tomando la iniciativa, para frenar y anular el ejercicio que contra lo legislado se ejerza por los que lo desobedezcan y violenten, en defensa de la democracia liberal que posibilita la igualdad dentro de la que todos pueden ser diferentes sin recelos, aprensión o desconfianza, bajo una misma, respetada y compartida ley.

* Doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Derecho