El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha ofrecido hoy en el Congreso de los Diputados diálogo para desarrollar la ley que desjudicializa el Registro Civil y ha dicho que la idea del Gobierno de encomendarlo a registradores de la propiedad y mercantiles no es una privatización del servicio.
Rafael Catalá ha contestado a una pregunta sobre este asunto del diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, que le ha preguntado cómo justifica la "privatización" del Registro Civil "encubierta" y "si no encuentra conflicto de intereses que se haga por un Gobierno que preside un registrador de la propiedad".
Catalá, que ha pedido a Martínez Gorriarán que no introduzca "elementos de confusión", ha asegurado: "Ni el presidente del Gobierno, ni el Consejo de Ministros ni el ministro de Justicia tienen ninguna intención de privatizar el servicio del Registro Civil. Al contrario, tenemos un compromiso de mejora como ya la Ley 20/2011 manifestaba".
Ha recordado que "los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos" según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional.
En todo caso ha asegurado que estará encantado de hablar del Registro Civil y conocer las propuestas de todos los grupos parlamentarios, y ha insistido: "No hay ningún escenario de privatización, que estén tranquilos todos los ciudadanos españoles".
Catalá ha manifestado "el compromiso del Ministerio de Justicia con la mejora del Registro Civil, que es un servicio público más de los que se prestan desde la justicia".
Ha recalcado que el Congreso aprobó con la mayoría de todos los grupos una ley que mandó la desjudicialización de los registros, pues "parece razonable que no sean los jueces los que los lleven".
Respecto a los registradores ha aclarado que son funcionarios públicos del Estado sometidos a la tutela del Ministerio de Justicia".
"De momento nuestra propuesta es que unos funcionarios puedan desempeñar esta función y en todo caso lo someteremos a diálogo con todas las partes interesadas en esta materia", ha concluido Catalá.
Carlos Martínez Gorriarán le ha dicho a Catalá: "Debe ser que a ustedes las privatizaciones les salen sin darse cuenta", y ha añadido que "incluso los registradores han rechazado lo que denominan una privatización".
Por otra parte ha manifestado que los registradores "no son funcionarios del Estado, no tienen una plaza pública, son funcionarios que han accedido a una plaza pera que dirigen negocios privados y por mucho que sean de un Cuerpo especial del Estado no son un funcionarios que están cumpliendo funciones administrativas".
"No es respetable convertir una dependencia del Ministerio de Justicia en un servicio privatizado de modo encubierto, además con su extraña pretensión de que deben hacerlo gratis, cosa que a los registradores les tiene entusiasmados", ha abundado el representante de UPyD.
