Una polémica ajena al Pleno centró la jornada en la Diputación y enzarzó a PP y PSOE a cuenta de la gestión del Consorcio Provincial de Bomberos. Previamente, el Sindicato Independiente de Bomberos había presentado cuatro denuncias en el contencioso-administrativo y dos ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por lo que entienden son carencias en su trabajo, que afectan a la seguridad, las infraestructuras y los salarios. El portavoz del grupo socialista, Salvador Blanco, criticó la gestión del consorcio y el descenso en la inversión provincial, que dijo que ha pasado de los 30 euros por habitante en el 2010, a 16 euros en el 2014. "Aquí se está más pendiente del sarao y del acto público que de la gestión real de esta casa", dijo. Además, Blanco criticó que se vayan a destinar 150.000 euros más en "publicidad y propaganda". Por su parte, el portavoz del PP, Andrés Lorite, se limitó a decir que "el PSOE está inhabilitado para hablar y dar lecciones del Consorcio de Bomberos" y aprovechó para recordar la "pésima y lamentable" situación en la que los antecesores dejaron las arcas del ente público. En opinión de Lorite, los socialistas también están "inhabilitados" para hablar de saraos "porque ellos nos tenían acostumbrados a comilonas permanentes, saraos y mal uso de los fondos públicos". Sin entrar a valorar la denuncia sindical, el vicepresidente Salvador Fuentes insistió en que lo más urgente era "restablecer el orden contable y asegurar las nóminas" en el consorcio.

Por otro lado, el Pleno aprobó, con los votos a favor del PP y UCOR, la séptima modificación de crédito por un valor de 1,4 millones, que irán destinados en gran parte a convenios con oenegés cordobesas, a la conservación de patrimonio y a la construcción de seis centros de iniciativa empresarial. PSOE e IU justificaron su abstención para exigir mayor transparencia y publicidad en la adjudicación de estos convenios nominativos. "Un artilugio para gobernar con poco control", dijo Blanco.

Por otra parte, también tuvo lugar la comparecencia de la diputada de Recursos Humanos, Pilar Gracia, a petición de IU, para aclarar la investigación reservada llevada a cabo para esclarecer la denuncia de varios arquitectos sobre supuestas irregularidades en el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de Diputación. Gracia se limitó a informar del archivo de las diligencias, pero no explicó qué se ha investigado. IU reiteró la tardanza en la investigación y el PSOE pidió conocer el expediente reservado.