El Ayuntamiento de Bujalance aprobó anoche en un pleno extraordinario un comunicado conjunto en el que todos los grupos representados expresaron una "condena y repulsa pública de las agresiones y actos delictivos acaecidos" en la localidad.

En el comunicado, que fue leído por la alcaldesa, Elena Alba (PA), el Consistorio se compromete a "extremar todas las medidas" de competencia municipal "a los efectos de garantizar la seguridad de los vecinos", al tiempo que se insta a la ciudadanía a "convivir de manera pacífica de acuerdo con los principios y normas propias de un Estado de Derecho, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad".

En el mismo manifiesto, los concejales bujalanceños exigen al Ministerio del Interior que dote, "a la mayor brevedad, las plazas establecidas para el puesto de la Guardia Civil" y al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta que haga lo propio tanto con "fiscales como con personal de oficina judicial, así como medios materiales para la mayor eficacia posible en el ámbito de su competencia".

Asimismo, se impone el Pleno, ante el repunte de criminalidad registrado en el último semestre, "redactar un plan estratégico de seguridad ciudadana y convivencia social, que garantice la máxima coordinación y eficacia con los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Tras la lectura del manifiesto, los portavoces tomaron la palabra (aunque al principio habían pactado no hacerlo). Así, el portavoz socialista, Rafael Félix, reclamó que el Ayuntamiento se persone en el caso como acusación particular contra los autores de las agresiones. Por su parte, la portavoz del grupo no adscrito, Angustias Carpio, señaló que el pueblo ya ha hablado y que lo que toca ahora es ponerse a trabajar.

Por IU, Francisca Villar dijo que hay que trabajar todos juntos por la justicia pero teniendo cuidado de no caer en el racismo, mientras que Carlos Malagón (PP) se quejó de que el PSOE rompiera el pacto al pedir la palabra, considerando el acto de "traición". La alcaldesa zanjó el asunto diciendo que todos pretendían el mismo fin y que las medidas adoptadas darían resultado. Posteriormente, toda la Corporación pasó a leer el acuerdo a los vecinos.

Previamente, por la mañana, se había celebrado la Junta Local de Seguridad, presidida por el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, quien descartó que este caso se tratara de una "cuestión de racismo", sino que han sido hechos "puntuales" de delincuencia, pero que no se debe asociar ni generalizar con una etnia racial concreta.

Primo Jurado confirmó que se había detenido a tres mujeres por agredir a los dueños de una floristería (que ya han quedado en libertad con cargos) y a otros dos individuos se les imputa una falta de lesiones por agredir al responsable de un bar. El subdelegado dijo que hay identificada otra persona más que será detenida en breve.

En la Junta Local de Seguridad se confirmó un repunte de criminalidad experimentado en el municipio durante el mes de septiembre, de modo que, dijo Primo Jurado, se ha reforzado la vigilancia con el doble de patrullas procedentes de pueblos vecinos "algo que se hace desde varias semanas y se mantendrá hasta que se reduzca el índice de delincuencia".