La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a tres años de prisión al exalcalde socialista de Fuente Palmera entre 1987 y 2003, Antonio Guisado, como autor de un delito de falsedad en documento oficial y a una multa de 900 euros por otro de nombramiento ilegal. Según la sentencia, Guisado hizo un contrato falso para justificar que la gestión tributaria local la llevara el exsecretario e interventor municipal, Carmelo Tubío, que ha sido condenado a las mismas penas también por falsedad en documento oficial y por aceptación de dicho nombramiento. Por contra, han sido absueltos de los delitos de malversación y de negociación prohibida a los funcionarios públicos. Esta es la segunda sentencia condenatoria contra ambos en menos de un mes. El exalcalde ya fue condenado a dos años de cárcel por malversación de fondos públicos y prevaricación, y el exsecretario e interventor municipal, a otros tres años de cárcel por el primero de los delitos, tras retirar de la caja municipal para "su propio provecho económico" 18.530 euros y 48.116 euros, respectivamente. Así, con la amenaza de la entrada en la cárcel en el horizonte, la defensa de ambos ya ha anunciado que recurrirá.

La sentencia considera probado que en 1991 el Ayuntamiento de Fuente Palmera se desvinculó del consorcio de la Diputación para la recaudación de los tributos municipales y Guisado decidió atribuir a Tubío el cargo de recaudador municipal, y eso "pese a constarle a ambos la incompatibilidad legal para ejercer el puesto de secretario-interventor simultáneamente con cualquier otro cargo en el sector público". Durante el pleno celebrado el 18 de febrero de aquel año, el entonces alcalde hizo saber a la Corporación que había decidido nombrar a Tubío mientras no se articulase otro medio para proveer la plaza, y el 27 de marzo el Pleno decidió que se habría de convocar con ese fin un concurso restringido para personal funcionario del Ayuntamiento y fijó los premios de cobranza.

SITUACION CONSOLIDADA No obstante, Guisado "jamás llegó a convocar" el concurso, lo que le permitió a éste y a Tubío "consolidar por vía de hecho el nombramiento ilícito, siendo uno y otro consciente de esta situación irregular, y continuar detentando indefinidamente las funciones recaudatorias", las que desempeñó al tiempo que las de secretario-interventor, percibiendo las retribuciones por este cargo y los permisos de cobranza. Así, desde enero de 1992 hasta junio del 2003, Tubío percibió del Ayuntamiento 591.891 euros por premios de cobranza y, posteriormente, otros 26.172 euros. Además, dado el volumen de actividad que acarreaba la recaudación, Tubío contrató dos auxiliares --una de ellas su propia hija--, que prestaban sus servicios en dependencias municipales.

Así las cosas, "a fin de procurarse un cierto apoyo documental" para justificarse frente a cualquier responsabilidad, "así como para garantizar la continuidad" de los puestos de trabajo de las dos administrativas, ambos acusados "confeccionaron" en fecha posterior a las elecciones municipales del 2003 y antes del 15 de diciembre del 2004 "un documento que simulaba a la perfección un inexistente contrato".