El pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado hoy un paquete de medidas para luchar contra los desahucios y garantizar el derecho de la vivienda de los cordobeses. Solo durante el pasado año se produjeron en la provincia de Córdoba 858 lanzamientos, de los que 472 fueron ejecuciones hipotecarias y 352 por la ley de arrendamientos urbanos. Estas medidas, que excluyen a la ciudad de Córdoba al contar con mecanismos propios, se traducen en cuatro convenios firmados con los colegios de abogados de Córdoba y de Lucena, con la Asociación Nacional de Familias Necesitadas (Anfane) y con la entidad financiera Cajasur.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Felisa Cañete, dijo en el pleno que se había mantenido contactos con la asociación Stop Desahucios, aunque ésta había declinado participar al asegurar «que no tenía estructura en la provincia». Asimismo, indicó que la institución está abierta a firmar convenios con esta asociación y con otras en el futuro y con más entidades financieras que tengan parque de viviendas en los pueblos. Precisamente, el convenio con Cajasur establece que la entidad financiera facilite viviendas en alquiler por un plazo máximo de seis meses (prorrogable si no hay una oferta de compra) a cada inquilino siempre que se cumplan una serie de condiciones. Así, para acceder a estos alquileres sociales se establecen condiciones basados en la renta, que no tenga ningún miembro de la unidad familiar una vivienda y que la persona solicitante o la unidad familiar se encuentre en riesgo o exclusión social.

Las medidas antidesahucios se llevarán a cabo a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que ya ha intervenido en varios procedimientos de desahucio