La comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano, en la que están los consejos de distrito, Al-Zahara, CALU y Alamiriya, ha fijado la hoja de ruta a seguir una vez que el Parlamento dé luz verde al adelanto de servicios básicos de forma provisional para las parcelaciones que cuentan con planes parciales aprobados. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, asegura que esta comisión no va a «dejar que se apruebe la modificación de la LOUA y muera», por lo que tampoco va a cesar «la presión ni las reivindicaciones», que ahora «se hacen más urgentes» aún. Es más, sus cálculos son que la modificación puede beneficiar a 25 parcelaciones de forma más inmediata y que incluso «se puede llegar hasta 40» con el tiempo.

A su juicio, «Urbanismo no tiene excusas para poner en marcha una oficina específica para los afectados». De momento, y en cuanto quede aprobada la modificación, la comisión pedirá una reunión con Urbanismo, con Emacsa y con Endesa «para ver cómo se va a trabajar», indica. Es más, este grupo de trabajo está dispuesto a «convocar a las parcelaciones afectadas para analizar su situación si el Ayuntamiento no lo hace», ya que «no vamos a permitir que la puerta se cierre en falso» y «vamos a estar detrás permanentemente para que dé frutos», asegura De Gracia.

La mesa del Parlamento abordó la proposición de ley, firmada por todos los grupos, y acordó remitirla al Consejo de Gobierno, que emitió su dictamen favorable ayer. De Gracia asegura que los integrantes de esta comisión «se muestran satisfechos por la unanimidad conseguida» y por «abrir la puerta a dar los servicios básicos», al menos en suelo urbano y urbanizable, ya que las parcelaciones de no urbanizable tienen el hándicap de la protección y de la inundabilidad.

La comisión ha solicitado un informe jurídico para tener argumentos para promover un cambio de PGOU que elimine la protección de suelo en varias parcelaciones. Además, ha pedido otro sobre los suelos con riesgo de incendio o inundación para buscar soluciones para que tengan servicios. También exigirá al Ayuntamiento «que lidere una negociación con la CHG basada en la mesa del río» para que la inundabilidad no impida el acceso a los servicios básicos. Por último, la comisión ha mostrado su rechazo a las entidades de conservación y defiende que «cuando una obra está acabada, el Ayuntamiento debe recibirla si está en condiciones». Recuerda que en suelo urbano hay varios casos con entidades con distintos plazos de vigencia y que las Jaras lleva años atascada. Precisamente hoy el consejo rector de Urbanismo aborda la entidad de las Jaras.