El centro penitenciario de Córdoba celebró ayer la festividad de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, durante un acto en el que se reconoció la labor profesional de los funcionarios de prisiones así como del resto de integrantes del centro cordobés, en el que trabajan unas 500 personas. La directora del centro, Yolanda González, definió la institución penitenciaria como «una pieza clave de la política de intervención social» y abogó por «mejorar la competencia social de los internos, construyendo espacios de tratamiento, seguridad, control y acción que nos habiliten para dar respuestas eficaces que incrementen las tasas de éxito de los objetivos que se nos encomiendan».
En su intervención, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, reconoció la labor diaria de los funcionarios: «Es preciso alabar y recordar hoy su imprescindible labor de custodia, reeducación y reinserción social de las personas a su cargo. Labor, que es servicio en circunstancias siempre difíciles, razón de ser legal y constitucional de las instituciones penitenciarias». Por eso, dijo Primo Jurado, los funcionarios merecen «hoy y todos los días nuestra confianza, nuestro apoyo y nuestro aliento», afirmó. En el acto se otorgaron cinco menciones honoríficas a funcionarios y se entregaron placas conmemorativas a los funcionarios que este año cumplen 25 de servicio, así como a los funcionarios jubilados. Este año el subdirector de seguridad del centro, Josué Calero, fue galardonado con la medalla de plata al mérito penitenciario, en un acto celebrado en Madrid.
La delegada de Educación, Esther Ruiz, destacó la importancia del centro de educación permanente Eloy Vaquero, en el que trabajan 8 maestros que ofrecen los niveles 1 y 2 de formación básica de adultos, la preparación de la prueba libre de Secundaria y el uso básico del inglés.
La Federación Andaluza Enlace y la Asociación Pro Derechos Humanos recordaron ayer que «es posible y necesario reducir el número de personas encarceladas y que éstas deben tener el mismo acceso a la sanidad que el resto de la población». Estas asociaciones cifran en 10.000 las personas que están en cárceles andaluzas por problemas relacionados con las drogas (9.100 hombres y 900 mujeres), por lo que «un 48% de las personas encarceladas deberían estar en libertad», es decir, que «podríamos tener 7.000 andaluces fuera de prisión», sin que eso aumentara la delincuencia. Las dos asociaciones abogaron por aplicar medidas alternativas a la prisión como el cumplimiento de la pena en un centro de tratamiento de drogodependencias o la mediación penal. H
