La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba será la encargada de decidir sobre los recursos presentados por las acusaciones y la defensa de Rafael Gómez después de que el empresario fuera condenado a cinco años y tres meses de prisión, y multa de cerca de 112 millones de euros, como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones de euros. Según confirmaron ayer fuentes judiciales, una vez presentados todos los recursos y contestados por las diferentes partes, el juzgado de lo Penal número 3, que fue el que dictó la sentencia condenatoria, remitió el asunto la semana pasada a la Audiencia. Una vez en esta, añadieron las mismas fuentes, ha correspondido a la Sección 3ª, que será la encargada de resolver. De momento, ya se ha designado el magistrado ponente, que será Juan Luis Rascón, y la previsión es que todo podría quedar resuelto a primeros de verano.

La sentencia fue recurrida tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado en relación a aquellas de sus pretensiones que no fueron recogidas. En este sentido, el ministerio público había pedido 40 años de cárcel para Gómez por diez delitos y 19 años y tres meses para sus hijos por otros siete delitos. El juez, en cambio, dejó las penas para el empresario en algo más de cinco años y absolvió a los hijos y la mujer, esta en cuanto a la responsabilidad civil que pudiera tener como partícipe a título lucrativo. De su lado, la defensa de Gómez recurrió «en lo que le es desfavorable» al empresario e hizo hincapié en el error de la valoración de la prueba.

Mientras que la Audiencia resuelve, el exconcejal de UCOR está obligado a presentarse cada 15 días ante el juzgado. Tras conocerse la sentencia, el fiscal pidió como medida cautelar su ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de tres millones, pero el juez acordó que permaneciera en libertad provisional. Eso sí, le mantuvo retirado el pasado y fijó que cada dos semanas compareciera ante el juzgado.

Si se confirmara la sentencia por parte de la Audiencia, el empresario tendrá que cumplir la suma de las penas de prisión impuestas, es decir, cinco años y tres meses. Además, en caso de impago de la multa de 112 millones se le sumarían seis meses más de privación de libertad. Gómez ya fue condenado en el caso Malaya por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida más tarde por el pago de 3.600 euros, y multa de 150.000 euros.