La Plataforma de Comerciantes, Industriales y Profesionales Afectados por la Extinción de la Renta Antigua en Andalucía se dio ayer a conocer en Córdoba con el fin de solicitar "una moratoria en la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que supondría el cierre de 2.000 comercios de la provincia a partir de enero del 2015 y afectaría a unos 6.000 trabajadores". El objetivo de la iniciativa, según Javier Gutiérrez, socio del despacho de abogados Martínez Echevarría y representante legal de la plataforma, es "impedir la destrucción masiva de empleo que impondría la entrada en vigor de la norma en los centros históricos y en las zonas turísticas". La plataforma considera que la actual situación económica "es bastante peor que la que llevó en 1994 a establecer la moratoria y creen necesario que se vuelva a proceder a su aplazamiento". Según el INE, los principales afectados por la norma "serían los pequeños comercios, que son los que mantienen el empleo en el sector".
