En la Sección Tercera de la Audiencia Provincial comenzó ayer el juicio del caso Torreblanca. Los cuatro policías locales acusados de manipular un acta de infracción urbanística negaron ayer tanto su participación en los hechos --el dueño de la casa y uno de los agentes responsables de la vigilancia de la zona-- como la alteración del documento. El juicio trata de esclarecer unos hechos del 2007, cuando un matrimonio de agentes de la unidad medioambiental se construyó una casa en Torreblanca. Una patrulla había detectado la construcción en septiembre, pero no fue hasta diciembre cuando se formalizó el acta de la denuncia. El asunto se destapó cuando se conoció en enero del 2008 que estos policías no habían sido multados aún por Urbanismo. La Fiscalía solicita tres años y nueve meses de prisión para cada uno por un delito de falsedad cometido por funcionario público, una multa de 5.400 euros e inhabilitación para su cargo durante tres años.
La acusada relató ayer al tribunal que recibió la denuncia por la infracción en diciembre del 2007 y que unos días después contestó la llamada de un periodista informándole de que iban a publicar que ella y su marido se habían construido una casa sin que Urbanismo hubiera incoado expediente. Por eso se puso en contacto con su intendente para pedirle que se tramitara el acta y que pudiera enviarse a la Gerencia cuanto antes. La acusada precisó que ya se le ha impuesto una sanción de 70.000 euros y que la ha abonado. Dijo que el único dato que se introdujo en el ordenador, al que accedió con una clave de otro agente, fue el nombre del constructor y que se incluyeron fotografías de la vivienda y su ubicación en google map . Negó haber manipulado el acta: "Al contrario, creo que se hizo lo más rápido y fiel posible para que no hubiera ningún problema". Respecto a la investigación municipal, reconoció haber sufrido tensiones, a nivel político y mediático, y dijo que "no podía contestar con libertad". El marido justificó las prisas por mecanizar el acta y enviarla a Urbanismo "para evitar que se tuviera una mala imagen de la Policía" y negó haber estado presente cuando se introdujeron los datos en el ordenador.
Los dos agentes que denunciaron la construcción trataron de explicar al tribunal por qué a pesar de haber detectado la obra ilegal el 26 de septiembre no fue hasta diciembre cuando formalizaron el acta. Uno de los agentes dijo que el principal motivo fue que el matrimonio "no colaboró de una manera clara y fue dilatando la información" que les debían dar, mientras que el otro esgrimió que, además, habían tenido que realizar un curso intensivo hasta noviembre. Este mismo agente negó haber manipulado el expediente al introducir el acta en el sistema informático. "No se modificó para nada, sino que se introdujo en una plantilla antigua para introducir los nuevos datos", dijo, al tiempo que explicó que el empleo de plantillas antiguas (pertenecientes a otros expedientes) era práctica habitual. "El acta que se llevó a la GMU no se alteró", insistió. El otro agente acusado dijo que se quedó fuera de la sala junto al marido de la acusada. Hoy continúa el juicio.
