Los administradores de fincas están adaptando la vida de las comunidades de vecinos a la situación de crisis económica como quien tiene que conducir un hogar propio. Deben realizar un importante trabajo para asegurarse de que todo el mundo abona sus recibos, plantear alternativas a quienes no pueden hacerlo, lograr que las empresas ajusten sus presupuestos para las reformas imprescindibles y explicar a los propietarios que, a pesar del vendaval, ha vuelto a subir la luz.
En este sentido, Mercedes Romero tomará posesión del cargo de presidenta del Colegio oficial de Administradores de Fincas el próximo mes de junio y explica que "tenemos mucho trabajo, porque estamos intentando que a las personas no se les acumulen las deudas. Ahora hay que estar pendiente de más gente y nos da más miedo". En su labor diaria estos profesionales se encuentran con vecinos que no pueden abonar los recibos y "cuando llegan a los 300 o 400 euros, ya hay una señal de alarma", precisa. Así, los compromisos de pago son una de las principales herramientas con las que los administradores intentan asegurar el cobro antes de llegar a la vía judicial y Romero señala que "estoy firmando muchos".
La futura presidenta del colegio recuerda que "llevo 25 años como administradora y antes de la crisis no había visto nunca que se quedasen los pisos los bancos. Prácticamente nadie dejó de pagar porque no podía hacerlo", mientras que en la actualidad sí tienen como propietarias a entidades financieras que deben asumir estos gastos. Además, señala que "tenemos bastante juicios monitorios" por estos impagos y precisa que en las parcelaciones se están produciendo más casos que en la ciudad.
En la situación actual las comunidades de vecinos tampoco "se pueden comprometer con grandes obras y se atiende lo más urgente". A esto se suma que el sector de las ayudas públicas "ha acotado muchas expectativas" y aquellos que se retrasaron, por ejemplo, en la instalación de ascensores, ahora "se han quedado fuera". Sobre el perfil de las personas morosas, Mercedes Romero apunta que en 30 comunidades puede haber 1 o 2 casos en los que hayan dejado de pagar de forma definitiva, y también están aquellos que se ofrecen a realizar servicios para compensar su deuda.
