Agosto acaba como acabó julio: con informes y contrainformes y el futuro del Consorcio de Turismo de Córdoba aún sin aclarar. El Pleno del 28 de julio, el último celebrado en Córdoba antes de las vacaciones, concluyó con el acuerdo de todos los grupos políticos, a excepción del PP que se abstuvo, de posponer la disolución del Consorcio. «Hoy la decisión más importante que tomaremos será no tomar ninguna decisión», dijo en aquella ocasión Pedro García, primer teniente de alcalde de Turismo, a la luz de la falta de consenso. Justo un mes después, la Corporación municipal continúa sin decidir cómo ni cuándo disolver el ente consorciado y, lo que es aún peor, qué hacer con sus 20 trabajadores que, de momento, siguen desarrollando su trabajo y percibiendo su nómina. Mismo escenario, menos tiempo.

Precisamente en la cuestión del tiempo es en lo que difieren los dos últimos informes sobre la disolución del Consorcio (hemos perdido la cuenta de cuántos llevamos ya sobre esta materia). Así, mientras que el último informe del secretario municipal, Valeriano Lavela, de 23 de agosto dice que a fecha 31 de agosto el organismo estará disuelto por «silencio administrativo positivo», después de transcurrir tres meses de la aprobación y registro de la cesión de activos y pasivos al Ayuntamiento y de que el Pleno no se haya pronunciado al respecto. Ahora, dice el secretario municipal, la Corporación no tendría más remedio que darlo por disuelto. El otro informe es de la asesoría jurídica municipal y sostiene básicamente lo contrario: que no hay fecha para liquidar el ente.

En el fondo de esta guerra de informes y contrainformes continúa estando, sin duda, el desencuentro sobre la cuestión del personal entre los dos socios de gobierno, que no han logrado pactar una postura unitaria sobre la situación en que deben quedar los trabajadores, empleados municipales pero no funcionarios. El área de Recursos Humanos, dirigida por los socialistas, se ha mostrado más dura sobre la absorción por parte de la plantilla de Capitulares de estos técnicos y ha insistido siempre en que deben respetarse los principios y normas que regulan el acceso al empleo público. Por su parte, el área de Turismo, en manos de IU, se ha mostrado más a favor de que los trabajadores pasasen al Ayuntamiento sin más, si bien todos han subrayado que habría que analizar «expediente por expediente». La alcaldesa, esta misma semana, ha vuelto a reiterar que el proceso que se decida tendrá que respetar las reglas de la función pública, aunque ha insistido en que en ningún caso los trabajadores del Consorcio engrosarán las filas del desempleo.

La disolución definitiva del Consorcio de Turismo se produce en aplicación de la ley de Racionalización de la Administración Pública y tras la negativa de CECO y la Cámara de Comercio --junto al Ayuntamiento miembros del ente hasta mayo--, a aportar dinero para su funcionamiento como pide la norma. El Consorcio nació en abril del 2002 y ha tenido como objetivo fundamental durante más de 14 años la promoción turística de la cuidad. Su desaparición urge en tanto el gobierno municipal quiere crear un ente nuevo que lo sustituya para seguir coordinando las políticas turísticas. Aunque nadie a estas alturas se atreve a hablar de fechas, se barajó enero del 2017 para haber zanjado de una vez el asunto. Se verá.