La mayoría de los médicos de familia de Córdoba ya se han manifestado en contra de cobrar por las consultas a los inmigrantes indocumentados. Este posicionamiento es el que le consta a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), que ha celebrado reuniones en torno a esta medida y ha habilitado un registro para que los facultativos puedan inscribirse y oponerse a esta medida del Gobierno central.

Acerca de este mismo decreto de Sanidad, la delegada de Salud en Córdoba fue muy crítica con el mismo, ya "que con esta medida de exigir el pago de la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales no se va a poder recaudar apenas dinero, ni va a servir para mantener la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin embargo, con esta restricción el Gobierno central abre la puerta a otros futuros recortes sanitarios". Y es que según la Delegación de Salud el colectivo de inmigrantes apenas representa un 0,6% de las consultas de atención primaria en Córdoba y tampoco es "demasiado frecuentador de la sanidad pública".

Por otro lado, María Isabel Baena rechazó que pueda producirse un efecto llamada desde otras regiones hacia Andalucía por el hecho de no cobrar la asistencia sanitaria a los inmigrantes. "El inmigrante se mueve de una ciudad a otra normalmente buscando trabajo, no pensando en dónde va a recibir una asistencia sanitaria mejor", apuntó Baena. La delegada de Salud insistió en que en Andalucía, a diferencia de otras regiones que sí están anunciando normativas para restringir de algún modo la asistencia a los inmigrantes ilegales, aquí todo seguirá igual".