La polémica sobre las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia católica sigue dando nuevos pasos, lejos de extinguirse. Las plataformas ciudadanas Mezquita Catedral Patrimonio de Todos y de Defensa del Patrimonio Navarro acudieron ayer al Congreso de los Diputados para reunirse con los grupos parlamentarios del PSOE y de IU, y con algunos integrantes del Grupo Mixto, y abordar lo que consideran un "expolio del patrimonio cultural". El coordinador general de IU, Cayo Lara, afirmó que impulsarán un recurso directo ante el Tribunal Constitucional "que resuelva de una vez todas las apropiaciones", antes de que la reforma de la Ley Hipotecaria consolide la "amnistía registral" de la Iglesia.

En este sentido, uno de los miembros de la plataforma cordobesa, Antonio Manuel Rodríguez, destacó que en Andalucía podrían ser alrededor de 5.000 las propiedades registradas por la Iglesia (entre otras, la Mezquita Catedral y la Giralda de Sevilla) y en Navarra, según los últimos datos facilitados (que no están actualizados), suman 1.087. Cayo Lara anunció el impulso de un pronunciamiento en el Congreso para reconocer la "inconstitucionalidad del privilegio de la Iglesia", que es contemplado en una ley anterior a la democracia.

De otro lado, el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, subrayó "el tamaño del escándalo" y se comprometió a estudiar un posible recurso ante el Constitucional. Dentro del encuentro mantenido con diputados del Grupo Mixto, Uxue Barcos (Nafarroa Bai) avanzó que presentará una enmienda a la reforma de la Ley Hipotecaria, junto con IU y otros grupos, para que se reconozca que el artículo 206 (que permite a un obispo registrar un inmueble, equiparándolo a una Administración Pública) quedó derogado con la Constitución de 1978.

De este modo, Antonio Manuel Rodríguez recordó que la reforma de la ley planteada por el Gobierno central "hace una amnistía" al no citar este artículo, ya que "no se puede atacar por inconstitucional algo que no existe". Además, avanzó que si no se recurre antes de que finalice su tramitación, se permitirá "el expolio de miles de bienes que eran públicos y han pasado a manos de otro Estado, el Vaticano". La plataforma cordobesa cuenta con el respaldo de alrededor de 380.000 personas y el Parlamento de Andalucía "acordó el reconocimiento de que la norma es inconstitucional", recordó Rodríguez. También destacó la necesidad de concienciar a la ciudadanía e insistió en que "esto no es un debate religioso", porque no se cuestiona el uso católico de la Mezquita Catedral.